A FP 
Palma de Mallorca. España. La infanta Cristina, hija menor del rey de España, tomó distancias ayer con las actividades fraudulentas atribuidas a su marido, Iñaki Urdangarin, ante el juez que la interrogó en el marco de un escándalo sin precedentes para una debilitada monarquía.
Sentada en un sillón de terciopelo rojo, en una sala presidida por el retrato del jefe del Estado, su padre, Cristina, de 48 años, respondió durante siete horas a las preguntas del juez José Castro de Palma de Mallorca –que desde julio de 2010 instruye el denominado ‘caso Nóos’–, del fiscal y los abogados.
Vestida con pantalón oscuro, camisa blanca y chaqueta negra, la infanta, primer miembro de la familia real jamás imputado por la justicia, había llegado aparentemente tranquila y saludó sonriente a fotógrafos y cámaras de televisión de todo el mundo al apearse del automóvil negro en el que, acabada la la comparecencia, abandonó el lugar.
El juez Castro sospecha que Cristina, séptima en la sucesión al trono de España, cooperó en las presuntas actividades ilícitas de Urdangarin, imputado junto a un exsocio de malversar 6,1 millones de euros (8,3 millones de dólares) entre 2004 y 2006 mediante una sociedad sin ánimo de lucro denominada Instituto Nóos. Una parte de esos fondos habría sido desviada hacia Aizóon, una presunta empresa pantalla propiedad de Cristina y su esposo el 50%.
El juez interrogó a la infanta minuciosamente sobre los gastos personales aparentemente pagados con dinero de dicha empresa. «No sé, no contesto, no me consta, de eso se ocupaba mi marido», respondió mayoritariamente la infanta.
La infanta intentó «no reconocer hechos que la comprometan», escudándose en que «tenía mucha confianza en su marido», afirmó Delgado, según el cual Cristina flaqueó ante algunas preguntas pese a su seguridad inicial.
Sin embargo, los abogados de Cristina quedaron «muy satisfechos». «Hoy no podía ser para la infanta y para sus abogados un día mejor», consideró el letrado Miquel Roca.
«Se ha podido esclarecer todo», dijo su otro defensor, Jesús María Silva. «Y despertar, creemos, en las administraciones públicas y esperemos también en la opinión pública cuan inocente es la infanta de todas las imputaciones que se le han dirigido», añadió.
Alejados del tribunal por un cordón policial, un grupo de manifestantes, que enarbolaban la bandera republicana roja, amarilla y morada, se había congregado con pancartas en las que podía leerse «Sangre real = justicia irreal» o «La ley es igual para todos».
Un golpe a la imagen de la Corona. Tras la comparecencia de ayer, el juez Castro debería cerrar rápidamente la instrucción y decidir si se abre juicio y contra quiénes.
El magistrado había imputado a la infanta el 7 de enero en un detallado auto de 227 páginas que cayó como una bomba: protegida durante mucho tiempo pero ahora cercada por los escándalos, la monarquía española descubrió que ya no es intocable. A sus 76 años, y 38 de reinado, Juan Carlos da la imagen de un rey cansado y con incesantes problemas de salud.
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El inicio de las sospechas
Tras la anulación en mayo, por iniciativa del fiscal, de una primera imputación a la infanta Cristina por tráfico de influencias, Castro orientó sus sospechas hacia el delito fiscal que Cristina habría cometido a través de Aizóon. La contabilidad de esta empresa puso al descubierto gastos para la renovación de la lujosa residencia familiar en Barcelona por valor de 436.703,87 euros, o gastos privados por 262.120,87 euros, que Castro recogió en un auto lleno de referencias a facturas sospechosas.
