Infidelidades a los propios mandatos de ley

Infidelidades a los propios mandatos de ley

Aunque la obligatoriedad presupuestal de reservar recursos para áreas prioritarias compromete a tener la vista bien puesta sobre gastos para que no se abuse de la discrecionalidad como ocurrió durante un periodo electoral pasado con la Educación, algunos objetivos esenciales del Estado deben estar bajo garantía de disponibilidad de recursos.

Una fiscalización independiente desde la Cámara de Cuentas, la Contraloría, la Dirección de Compras y Contrataciones, el Congreso y la Defensoría del Pueblo, deben dar fe del correcto empleo de recursos nacionales o hacerse sentir como tribunas a favor de la transparencia.

La no actualización de leyes adjetivas para que correspondan a mandatos constitucionales, ya añejos, coloca a los poderes llamados a dar vida a instrumentos que hagan posible aplicar leyes, supone incurrir en incumplimientos de facultades que les sitúan en conflicto con la institucionalidad.

Que desde el Congreso se decida crear tribunales, y desde la Presidencia no se ocupen de llenar vacíos estructurales para que de verdad existan las cortes, es social y judicialmente una dañina incoherencia.

Que por ley existan compromisos de indexar salarios en función del alza del costo de la vida y luego se vea que los jefes de la administración pública disponen de recursos para sus preferencias en políticas de gastos e inversiones y no para actualizar remuneraciones del servidor público y viabilizar funciones primordiales del Estado, es contrario al Estado de derecho.

Que se independice al Ministerio Público, creándole nuevos compromisos con la verdad y la Justicia sin generarles la holgura correspondiente, es, simultáneamente, hacer y deshacer. Negar herramientas para el cumplimiento de la seguridad jurídica.

Comenzar a construir escuelas, con pagos previos sin disponer si quiera de terrenos para levantarlas deja dicho que por el Estado pasó gente desconocedora de sus obligaciones, carente de criterio sobre defender los bienes del Estado; y si no se procede ahora judicialmente contra tal ilegalidad pasada, tampoco existiría ahora celoso interés por preservar patrimonios públicos.

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