Mientras el minimizado caso de detección de influenza aviar en una gallera del Este del país crece y se expande, algunos funcionarios del Gobierno han gastado  pólvora en garzas. Primero fueron los técnicos de un comité que manejó el caso en sus inicios, que integran técnicos de Salud Pública, Agricultura y Ganadería, los que dieron por controlado, falsamente,  el foco viral.

Más adelante fue el secretario de Planificación, Economía y Desarrollo quien descalificó el manejo dado al caso de lo que definió como mosquillo, y ahora es el director de Ganadería quien distrae parque descalificando la actualidad de un informe de la FAO sobre este problema sanitario y dando por aplicadas las recomendaciones de este organismo de las Naciones Unidas.

El informe de la FAO no solamente refleja la falta de control de las autoridades sobre la expansión de la influenza aviar, sino que obliga a reconsiderar las razones que ha tenido Haití para mantener cerrado su mercado a los pollos y huevos dominicanos. Los efectos de este descontrol han sido trágicos para las granjas avícolas, que aunque parecen libres de contaminación con el virus, están afectadas por la estrepitosa caída de sus ventas de pollos y huevos, hacia afuera y hacia adentro. Por razones que no hay que mencionar, es preferible inclinarse por dar crédito a la FAO y tomar con mucha reserva todo este bla, bla, bla.

Recursos del Estado y  política

El país requiere con carácter de urgencia una reforma institucional que impida  y sancione el uso de recursos estatales en campaña política. Se trataría de una reforma que no simplificaría el concepto “recursos del Estado” en la acepción económica o monetaria. Siempre hemos dicho que la influencia de los cargos es el recurso estatal  más poderoso que se puede manejar en beneficio de una causa política, sobre todo cuando se aspira a una reelección.

Creemos firmemente que las fuerzas políticas deben someter su ejercicio a una valoración ética que permita elevar la transparencia y el respeto de todo cuanto corresponda al Estado, sobre todo el poder de la influencia. Hay que colocar una frontera más sólida y definida entre las facultades del poder público, el ejercicio político y la discrecionalidad en el manejo de recurso estatal. Esa frontera debe valer desde la cumbre del  poder político hasta las simples y desacreditadas regidurías.