A pesar de intentos que de momento han generado fugaces esperanzas, el combate a la informalidad que socaba la sostenibilidad financiera de la seguridad social (tanto en la parte de pensiones como en la salud) ha sido una urgencia que por mucho tiempo en el país ha sido tratada con parsimonia y, en ocasiones, hasta con desdén.

Como no ha sido abordada con un plan integral, con objetivos y metas de cumplimiento calendarizados, seguimos padeciendo sus secuelas sobre la economía y particularmente en la seguridad social.

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Según información que acaba de ofrecer el superintendente de Pensiones, Francisco A. Torres, de 5 millones de afiliados a las administradoras de fondos de pensiones, sólo 2.2 millones son cotizantes activos y, lo que es más alarmante aún: un estudio realizado con la participación del Bandco Mundial, revela que entre el 30% y el 40% de los afiliados casi nunca cotiza y otro 30% cotiza de manera intermitente.

Esto ocurre a pesar de que operar en la formalidad es más ventajoso, según los resultados de un estudio elaborado con el patrocinio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Confederación Patronal Dominicana, la cual tuvo como universo a micronegocios del sector de comercio y servicios de la provincia de Santo Domingo y del Distrito Nacional.

De acuerdo con ese estudio, cuando se opera en la formalidad es más alto el nivel de productividad media, además de que se tiene mejor acceso al financiamiento bancario y el negocio es menos vulnerable (el 10% del sector informal identifica la falta de liquidez o problemas financieros como su principal desafío, porcentaje superior al sector en comparación con los sectores más formales).

Y en el caso de los emprendedores, los formales pueden tener más opciones y emprenden por aspiraciones de mayores ingresos, que no es el caso de los informales, quienes a menudo recurren a emprender por necesidad.

Pero cuando el 14 de febrero de 2024 dábamos, a través de estas mismas páginas, tan sorprendentes resultados de la referida encuesta, señalábamos que a pesar de las ventajas que ofrece la formalidad, la mayoría de los encuestados no se sentían motivados a emigrar a la formalidad.

Y alcanzar la formalidad requiere de un esfuerzo sostenido y tiene sus costos, aun sean pasajeros. Un informe del BID plantea que un plan para reducir la informalidad se debe ejecutar de manera articulada en base a cuatro estrategias: reducir costos laborales, establecer regímenes simplificados de tributación (podrían ser necesarias reducciones impositivas relativamente elevadas para generar reducciones significativas en la informalidad), fortalecer la gestión del riesgo de incumplimiento de obligaciones a través tanto de la fiscalización como de la disuasión y profundizar el rediseño de las políticas sociales para evitar generar de manera no intencional incentivos a la informalidad. Particularmente, el diseño de los beneficios no contributivos, como en el caso de la salud y las pensiones, puede desincentivar las contribuciones durante la fase de trabajo activo.

Los frutos de la formalidad pagan con creces los sacrificios que hay que hacer para que los informales se sientan motivados a emigrar a la rectitud.