Uno de los efectos nocivos de la economía informal es que deja sin el beneficio de una pensión a por lo menos la mitad de la fuerza laboral activa del país, cuyos integrantes no cotizan para el sistema de pensiones. A eso se agrega la evasión fiscal en la economía formal que, según se aprecia, es bastante alta.

El  superintendente de Pensiones, Joaquín Gerónimo, sostiene que de los 2,669,917 afiliados del sistema, apenas cotizan 1,240,431 que están asentados en el  Régimen Contributivo,  que son todos los asalariados del sector formal y que representan menos de la mitad del total de afiliados del sistema de pensiones. Bajo estas circunstancias, más de la mitad de la fuerza laboral del país carece de garantía de una pensión a la hora de su retiro.

Para complicar más el panorama, se ha comprobado que hay un desplazamiento cada vez mayor de fuerza laboral desde el sector formal hacia el informal, lo que resta cotizantes al sistema de pensiones, mientras que el  crecimiento demográfico hace prácticamente inmanejable  el déficit que por esa causa enfrenta el sistema. La situación del sistema de pensiones se suma a los factores que ponen de manifiesto la necesidad de elaborar políticas que induzcan a la formalización de la economía, como forma de aumentar los ingresos fiscales, el número de cotizantes  de la  seguridad social y mejorar la protección social. Mientras tanto, lo que tenemos es una injustificable exclusión.

Contra violencia de género

Justo cuando los diputados pretenden atenuar las penas por violencia de género, la Procuraduría General de la República pone en vigencia un protocolo que deben cumplir los fiscales,  que endurece la lucha contra este tipo de violencia. El  protocolo comienza por prohibir la conciliación de pareja en medio de investigación por violencia y  da a los  fiscales un plazo de 35 días para presentar conclusiones de las investigaciones que realicen en base a cada denuncia de agresión de género.

   Además, prohíbe que las víctimas de agresiones sean las que notifiquen a sus agresores sobre órdenes de persecución y medidas de coerción. Dispone  atención permanente para recibir denuncias y querellas de violencia de género y obliga a apelar las decisiones de los jueces  cuando no otorguen las medidas solicitadas por el Ministerio Público. Son decisiones que merecen  nuestro pleno respaldo.