POR TANIA HIDALGO
El Ministerio Público logró durante el pasado mes de junio que los tribunales del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva emitieran diez sentencias condenatorias sólo en los casos de homicidios, golpes y heridas, declaró el fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero.

Los expedientes, cuyas sentencias oscilan entre uno a 30 años de prisión, fueron instrumentados por los fiscales asignados al Departamento de Investigación de Delitos y Crímenes Contra la Persona.

Queremos destacar que uno de los actores del proceso judicial que inició más tarde que los demás su capacitación fue el Ministerio Público; sin embargo, estamos obteniendo los resultados deseados y bajo nuestra dirección animamos y valoramos los esfuerzos del Ministerio Público, puntualizó Hernández Peguero.

Dijo que si se analizan las estadísticas, el tiempo transcurrido entre la imposición de medidas de coerción de esos casos y la sentencia, fue de apenas 10 meses.

Con el viejo código era imposible que se pudiesen obtener decisiones en un plazo tan breve. El Código Procesal Penal evita la mora judicial y reduce la cantidad de presos preventivos, añadió.

A pesar de las dificultades que subsisten -dijo el fiscal- se pueden exhibir logros.

No obstante, favoreció la creación de estructuras penitenciarias para los sentenciados, de manera que estén separados de los presos preventivos.

De acuerdo con las estadísticas suministradas por el fiscal, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 30 años de prisión a Carlos Antonio Santana, acusado de homicidio voluntario en perjuicio de Luis Osiris Quiñones, mientras que Gerson Guerrero Encarnación y José Altagracia Lorenzo fueron sentenciados a igual pena por la muerte de Manuel Enrique Germán Pirón.

En tanto, deberán cumplir 20 años de reclusión, por disposición del Primer Tribunal Colegiado, Luis Manuel González y Pavel Rojas Rodríguez, así como para Emiliano de los Santos Zapata, acusado de la muerte del primer teniente Kendry Adames. De igual manera, fueron condenados a 15 años Eduard Suazo Rosario, por la muerte de Diómedes Héctor Rafael Hernández Morales y Francis Hernández García, responsable de homicidio voluntario en perjuicio de Luis Romero.

Una pena de ocho años de prisión deberá cumplir Robert Ernesto Faña Gómez, acusado de homicidio voluntario contra Juan Acevedo Reynoso, mientras que Chea de la Cruz Morillo fue condenada a cinco años por la muerte de Claribel Paredes.

Otra pena, aunque menor, fue impuesta a José Manuel Peralta Capellán, acusado de causar golpes y heridas a Antonio Attias Abraham. Peralta Capellán tendrá que permanecer un año tras las rejas.