Fernando I. Ferrán
El Informe Diène-McDougall relativo a las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia en República Dominicana, presentado el pasado 19 de marzo ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, me recuerda al legendario Caballo de Troya.

Al igual que ese trofeo de guerra, dicho documento está hueco por dentro debido al vacío hermenéutico de una metodología incapaz de probar de forma crítica lo que dice. Consecuentemente, ambos encubren tanta confusión como destrucción: el uno con sus aguerridos saqueadores en casa ajena y el otro por tantas opiniones subjetivas que ofuscan cualquier entendimiento bajo el subterfugio de ser conclusiones imparciales e independientes.

Pero por eso mismo, aun cuando la suerte parece estar echada en contra del país en materia de racismo, apelo a la racionalidad humana antes de dar una respuesta indispensable a dicho documento.

1.  El Informe.El Informe Diène-McDougall pretende responder tres preguntas (Ver, párrafo 12 del documento original): si hay racismo en el país, quienes son sus víctimas y cómo superarlo.

Sin embargo, el relator especial de Naciones Unidas, Doudou Diène, y la experta independiente, Gay MacDougall, debido a una metodología de trabajo que a partir de aquellas preguntas prejuzga respuestas que transcriben sin someterlas a ningún tipo de verificación crítica, terminan confundiendo peras con manzanas, mansos con cimarrones.

Sirvan estos dos ejemplos para probarlo.

2. Pobreza vs. Cultura racista.

El primer ejemplo es la conclusión principal de Doudou Diène; a saber, no es la pobreza la que explica la supuesta discriminación racial que existe en República Dominicana sino un sistema cultural que es xenófobo y racista desde tiempos coloniales.

Tal y como se afirma en el párrafo 96 del Informe, “la pobreza no puede ser considerada como la raíz de la exclusión social y económica”, sino como efecto de una cultura reducida a su ancestral y arraigado racismo, manifiesto en la continua segregación de dominicanos negros, de inmigrates haitianos y de sus descendientes del resto de la sociedad dominicana.

Gravísimo error.

Sostenerlo implica desconocer la historia de mestizaje que soporta, articula y da sentido a la sociedad dominicana, al menos desde la época colonial a mediados del Siglo XVII. Pero ese error es incapaz de tapar el sol con un dedo. Una cosa es compartir en relativa igualdad de condiciones la escasez de oportunidades, -de manera que las exclusiones resulten del poder económico ejercido por clases sociales pero no de variables como la racial o la étnica, y otra es acceder a esas oportunidades de manera discriminada por motivos de xenofobia y de prejuicios raciales.

Queda por explicar, claro está, el fenómeno de concentración de personas naturales de Haití o de ascendencia haitiana en estado de pobreza. Pero la historia de las migraciones universales habla por sí sola. Ese fenómeno puede explicarse sobradamente por el solo hecho de que los inmigrantes, sobre todo cuando son ilegales, ostentan las peores calificaciones laborales. No les queda más remedio que insertarse en el mercado laboral comenzando desde abajo.

Pero que esa desventaja no haga pasar por alto lo siguiente. En medio del estado de privaciones y de pobreza que comparten nacionales dominicanos y haitianos, de una u otra raza, existe, y no de manera excepcional o infrecuente, la movilidad social. La historia está ahí. República Dominicana incluso cuenta con presidentes de la República de reconocida ascendencia haitiana, además de hombres de negocios, artistas, deportistas, políticos, comunicadores y académicos de raza negra.

III. Minorías (étnicas) afectadas de racismo. La segunda conclusión es la de Gay MacDougall. Existen dominicanos de raza negra, haitianos y descendientes de estos que integran un grupo minoritario (ver, párrafos 86, 102, 103) cuyos derechos inalienables están siendo vulnerados. Y que por tanto deben reclamar.

Ahora bien, a falta de prueba en contrario, los inmigrantes en el país, sean ellos legales o ilegales, no integran minorías en el sentido sociológico del término, y menos aún si éste termina refiriéndose a “minorías étnicas”.

El usufructo de los servicios públicos disponibles, y la garantía de derechos fundamentales como los de la vida, educación, salud, transporte, asociación, libre tránsito, seguridad, actividades comerciales y artísticas, recreación, vivienda, propiedad, acceso a la justicia, libertades de opinión, de expresión y de credo; e incluso, la convivencia libre y espontánea de cada quien en función de decisiones y de preferencias personales, están garantizados de iure y de hecho son practicados en la vida ordinaria por todos los habitantes a lo largo y ancho del territorio nacional.

Existen cuantiosas y notorias excepciones, por supuesto. Las hay aberrantes. Pero las más se deben a incidentes interpersonales, a situaciones no institucionales, de esas que acontecen en toda sociedad humana en la que conviven diversos seres humanos de carne y hueso. A mi entender, lo trascendente en todo eso es que dichas excepciones son públicamente condenadas y perseguidas. Porque en palabras recientes de un connotado activista defensor de los derechos humanos, “el dominicano de ascendencia haitiana ha roto con la barrera de la exclusión”.

IV. Conclusión.

En resumidas cuentas, el Informe Diène-McDougall es un Caballo de Troya. Si se le acepta, hay que condenar nuestra cultura de racista y reconocer derechos existentes a una inexistente minoría étnica.

No obstante, en suelo dominicano la cuestión domínico-haitiana no es asunto de racismo. Bajo el efecto de una inmigración fuera de control, la cuestión de fondo sigue siendo la pobreza. Pobres, pero garantes de la única democracia racial americana que se evidencia en términos de mestizaje y más allá de sensibles diferencias culturales entre nacionales e inmigrantes de una u otra nacionalidad.

El no haberlo discernido es el Talón de Aquiles de un informe internacional que debió auscultar la realidad nacional para superarla en aras del respeto a la convivencia, a la diversidad cultural y al derecho. Jamás, insisto, jamás para someterla a la confusión y al saqueo.

En síntesis

Las conclusiones

Según el informe, habría que reconocer derechos existentes a una inexistente minoría étnica. Pero hasta prueba en contrario los inmigrantes en el país, sean ellos legales o ilegales, no integran minorías en el sentido sociológico del  término, y menos aún si éste concepto termina refiriéndose a “minorías étnicas”.