Informe de Estados Unidos resalta avances en compras y contrataciones públicas en República Dominicana

Informe de Estados Unidos resalta avances en compras y contrataciones públicas en República Dominicana

Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones Públicas (foto archivo).

En su informe “Declaraciones de Clima de Inversión 2025: República Dominicana”, el Departamento de Estado de Estados Unidos destacó los progresos en materia de compras y contrataciones públicas, así como en la lucha contra la corrupción.

El documento subraya que:

“Si bien ha habido retrasos en la aprobación de una nueva ley de contrataciones públicas, el gobierno aprobó la Resolución No. 416-23 en 2023. Esta resolución puente sirve como paso intermedio y ha tenido un impacto positivo en los procesos de contratación al implementar algunas, pero no todas, las reformas incluidas en el proyecto de ley de reforma. La regulación fortalece los roles de supervisión y regulación de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y exige el uso del portal electrónico de compras de la DGCP, por ejemplo, ambas medidas importantes contra la corrupción. Sin embargo, la regulación no impone sanciones penales por fraude y abuso en el sistema de contrataciones, ya que esas medidas requieren un cambio legal.”

En el informe también se recuerda que:

“La Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas prohíbe adjudicar contratos públicos a individuos o entidades en los que exista un conflicto de interés. Sin embargo, el gobierno no exige a las empresas privadas que establezcan códigos de conducta internos que, entre otras cosas, prohíban el soborno de funcionarios públicos.”

Mejoras en la transparencia y lucha contra la corrupción

“La República Dominicana cuenta con un marco legal que incluye leyes y regulaciones para combatir la corrupción y establece sanciones penales para los funcionarios corruptos. Aunque persisten desafíos, la aplicación de estas leyes ha mejorado debido al mayor enfoque en la transparencia de la administración de Abinader. A diferencia de administraciones anteriores, las investigaciones sobre corrupción y los arrestos han alcanzado a altos funcionarios no solo de partidos opositores, sino también a funcionarios actuales y anteriores de la coalición gobernante. La posición de la República Dominicana en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional mejoró al puesto 104 en 2024, desde el 137 en 2020.”

RD es superado por  Guyana en crecimiento de inversión extranjera en países del Caribe

Inversión extranjera

Otro punto destacado en el informe fue la inversión extranjera. “República Dominicana, un país de ingresos medios-altos, ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina durante los últimos 50 años, con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real del 5 % en 2024.

Según el informe, la inversión extranjera directa (IED) desempeña un papel clave en la economía dominicana, siendo el país históricamente uno de los principales receptores de IED en el Caribe.


«El gobierno ha promovido la inversión extranjera mediante generosas exenciones fiscales y otros incentivos para atraer empresas a sectores estratégicos como turismo, bienes raíces, telecomunicaciones, zonas francas (ZF), minería y energía, los cuales han concentrado la mayor parte de la IED”, precisa el informe.

Versión en inglés del informe

“The Dominican Republic has a legal framework that includes laws and regulations to combat corruption and provides criminal penalties for corruption by officials. While challenges remain, enforcement of these laws has improved due to the Abinader administration’s heightened focus on transparency. In a change from prior administrations, investigations into corruption and arrests have targeted senior officials not just from opposing political parties, but also included current and former officials from the ruling coalition. The Dominican Republic’s rank on Transparency International’s Corruption Perceptions Index improved to 104 in 2024, up from 137 in 2020.”

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“Law No. 340-06 on Public Procurement and Contracting prohibits awarding public contracts to individuals or entities in which a conflict of interest exists. However, the government does not require private companies to establish internal codes of conduct that, among other things, prohibit bribery of public officials.”

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“U.S. companies continue to identify corruption as a barrier to FDI. Firms often complain about a lack of technical proficiency in government ministries that resulted in public tender opportunities that were not competently drafted or executed in accordance with international best practices. Some firms go so far as to suggest that more problematic tenders had been set up intentionally to favor politically connected firms. The business community has also complained about corruption at the municipal level and its relevance to such things as permitting procedures.”

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“While there have been delays to the passage of a public procurement law, the government passed Resolution No. 416-23 in 2023. This bridge resolution serves as an interim step and has had a positive impact on procurement processes by implementing some, but not all, of the reforms included in the procurement reform bill. The regulation strengthens the regulatory and oversight roles of the General Directorate for Public Procurement (DGCP) and mandates the use of DGCP’s electronic procurement portal, for example—both important anti-corruption measures. However, the regulation does not impose criminal penalties for fraud and abuse in the procurement system, as those measures require a legal change.”

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