Informe de EUA afirma Gobierno dominicano no persigue la corrupción de manera efectiva

Informe de EUA afirma Gobierno dominicano no persigue la corrupción de manera efectiva

El documento del Departamento de Estado recoge las críticas a recursos asignados para campaña política

El informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre derechos humanos sostiene que el Gobierno dominicano no persigue de forma efectiva la corrupción por parte de funcionarios, que frecuentemente participan en estas prácticas delictivas con impunidad, pese a que las autoridades judiciales han investigado a presuntos servidores públicos corruptos.
El documento, publicado el pasado miércoles, reseña que organizaciones no gubernamentales (ONG) han señalado que el mayor obstáculo para las investigaciones efectivas es la falta de voluntad política para enjuiciar a las personas acusadas de corrupción, en particular aquellas con buenas conexiones o los políticos de alto nivel.
Agrega que las ONG y ciudadanos particulares informaron regularmente actos de corrupción por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos agentes policiales y funcionarios de inmigración y de prisiones.
“En ocasiones, el Gobierno utilizó castigos no judiciales por corrupción, incluido el despido o la transferencia de personal militar, policías, jueces y otros funcionarios menores. Sin embargo, la aceptación y tolerancia generalizadas de la corrupción menor obstaculizaron los esfuerzos anticorrupción”, asegura el informe sobre derechos humanos en RD.
El escrito del Departamento de Estado cita el caso Odebrecht para ejemplificar cuando la sociedad civil percibe falta de voluntad política para investigar un caso que involucra a las élites políticas y económicas del país, y donde solo se dio apertura a juicio contra seis de 14 investigados.
Destaca que luego de que se diera a conocer un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que revelaba sobornos por más de US$39 millones en la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina, la Procuraduría General de la República (PGR) interrogó a consultores financieros involucrados en la licitación de la planta, pero no se presentó ningún cargo adicional.
Desigualdad en elecciones. El documento gubernamental recoge las críticas que las ONG y la Organización de los Estados Americanos (OEA) hicieron a la disposición legal que asigna el 80% de las finanzas públicas de la campaña a los partidos principales (aquellos que obtuvieron el 5% o más de los votos durante las elecciones pasadas) frente al 20% de recursos que reciben los partidos menores.
Los grupos de la sociedad civil, detalla el informe, criticaron al Gobierno y al PLD por utilizar fondos públicos para pagar la publicidad en los meses previos a las elecciones de 2016. Estos grupos argumentaron que los ingresos de la publicidad gubernamental influyeron en los propietarios de los medios para censurar las voces críticas con su cliente más grande, el PLD.
Trato a los refugiados. El Departamento de Estado sostiene que el Gobierno dominicano cooperó de manera limitada con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y otras organizaciones humanitarias para asistir a refugiados, solicitantes de asilo y apátridas.
El Gobierno, afirma el escrito, no emitió lineamientos para facilitar la regularización del estatus de los venezolanos que viven en el país, que se estiman entre 40,000 y 100,000.
“La imposibilidad de solicitar el ajuste de estatus en el país obstaculizó el acceso de los venezolanos a los servicios básicos y aumentó su vulnerabilidad a la explotación laboral y la trata de personas”, asegura el texto.
Trabajo infructuoso. Según el Departamento de Estado, la violencia contra las mujeres, incluida la violación, fue generalizada, pese a los esfuerzos de las autoridades dominicanas.
El informe resalta el caso de la abogada Anibel González, asesinada a tiros en septiembre de 2019 por su exposo Yasmil Fernández, quien había sido puesto bajo libertad condicional antes de cumplir la mitad de su condena de cinco años de prisión por agredir a González en 2017.
Añade que tras un incidente similar en noviembre, la PGR presentó cargos contra el fiscal involucrado en ambos casos.

ANTECEDENTES
Irregularidades en elecciones
15 de mayo de 2016
El informe reseña que la Junta Central Electoral (JCE) instituyó un sistema de votación electrónica, para lo cual, según observadores internacionales y expertos en sistemas de votación electrónica, no se siguieron los estándares internacionales, ya que no se auditó ni se implementó gradualmente el sistema. El día de las elecciones, muchos sistemas de votación electrónica fallaron o no se utilizaron.

Resultados oficiales
28 de mayo de 2016
La JCE anunció, trece días después de los comicios, los resultados finales con todas las papeletas contadas.

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