El rechazo en República Dominicana al informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que señala racismo en este país, provocó críticas del propio organismos internacional contra la actitud de funcionarios, empresarios y de la prensa. (AP)

República Dominicana «no tiene una política discriminatoria de Estado» y las leyes y la Constitución «prohiben claramente la discriminación racial», reiteró el martes a la AP la Cancillería.

El Ministerio de Relaciones Exteriores detalló que su postura ante el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, en el que rechazó cuatro recomendaciones sobre racismo, fue aprobado el 17 de marzo sin objeciones por el organismo internacional.

Pese a que el gobierno aceptó la mayoría de las recomendaciones del informe, diversos sectores dominicanos condenaron las denuncias de supuesto racismo en el país en contra de la población de origen haitiana.

«Quienes hicieron ese informe, no conocen la situación», indicó el lunes el ministro de las Fuerzas Armadas, Rafael Peña Antonio.

El documento de las Naciones Unidas solicitó a República Dominicana «garantizar que a los dominicanos de ascendencia haitiana no se les niegue la ciudadanía» y también pidió no someter a esa población «arbitrariamente a la anulación retroactiva de los documentos de nacimiento e identidad».

Las autoridades dominicanas rechazaron esa solicitud con el argumento de que la Constitución «no está sujeta a interpretación en cuanto a quien es o no es dominicano», según el documento.

La Cancillería reconoce que en República Dominicana viven unos 600.000 haitianos indocumentados, pero no existen estimaciones oficiales sobre el número de personas nacidas en el país de origen haitiano y que por su condición carecen de nacionalidad.

La representante de la Naciones Unidas en el país, Valerie Julliand, lamentó el lunes las reacciones de algunos funcionarios, empresarios y de la prensa en contra del Examen. Destacó que incluso la Presidencia de la República «no rechazó el informe».

La diplomática detalló que de las 79 recomendaciones, el gobierno dominicano sólo rechazó cinco, de las cuales cuatro estaban vinculadas a racismo y discriminación contra los dominicanos de origen haitiano.

Lisandro Macarrulla, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), calificó el fin de semana como «inapropiado», «desafortunado» e inoportuno el informe del Consejo de Derechos Humanos.

Para el líder de la cúpula empresarial, las denuncias de racismo llegan «en un momento en el que la solidaridad dominicana se ha manifestado al más alto nivel de apoyo» hacia Haití tras el devastador terremoto del 12 de enero.

En un sentido similar se expresó el ministro de Economía, Temístocles Montás, quien coordinó en Santo Domingo la Conferencia Técnica Preparatoria por Haití para diseñar un plan de reconstrucción para ese país.

«Esa denuncia llega en momentos en que se visualiza aquí y fuera una actitud solidaria nunca vista en la historia dominicana hacia Haití», había destacado Montás en el marco de la conferencia a la que asistió el primer ministro haitiano Jean-Max Bellerive.

Tras el terremoto que dejó más de 222.000 muertos, 300.000 heridos y 1,2 millones de damnificados en Haití, las autoridades y la sociedad civil dominicanas han acudido con asistencia médica y su territorio se convirtió en el principal puente de ayuda humanitaria.

Julliand lamentó la actitud de los funcionarios y empresarios, al explicar que aunque el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos sobre República Dominicana fue aprobado el 17 de marzo en Ginebra, las 79 recomendaciones se habían hecho desde diciembre, antes del terremoto en Haití.

«El informe no está vinculado a la situación posterior al terremoto», aclaró la diplomática. Además recordó que las recomendaciones no fueron hechas por la ONU, sino por los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos.