El Informe Nacional sobre Derechos Humanos del país  presentado ante Naciones Unidas destaca el proceso de depuración y capacitación de las fuerzas del orden y la seguridad.

Cita que solo en la Policía Nacional  unos 117 agentes cancelados  cumplen penas en las cárceles  y que desde  2008  se han realizado 1,820 investigaciones que resultaron en 312 cancelaciones y 563 sanciones disciplinarias.

Resalta que la Policía Nacional, en agosto de 2007 anunció una política de tolerancia cero a la impunidad,  a los abusos y a las violaciones de los derechos humanos, por lo que bajo la nueva administración, la Unidad de Asuntos Internos investigó “efectivamente” cargos graves de agresión física, amenazas de muerte, uso inapropiado de un arma de fuego, agresión verbal, atracos y robos.

En cuanto a las Fuerzas Armadas, el informe enfatiza que los distintos cuerpos han iniciado la investigación y depuración “efectiva” de sus miembros para evitar actos de complicidad y de corrupción, de tráfico de influencia, de ejecución de crímenes y delitos.

“Una vez comprobada una irregularidad, el inculpado es dado de baja de la institución y traducido a los tribunales ordinarios competentes”, se consigna en el texto. Sin embargo, no se ofrecen cifras de cuántos militares han sido depurados o sometidos a la justicia.

Se destaca como logros la formación de los militares en materia de sus  disciplinas y de los derechos humanos y cita como referente la creación del Instituto Militar de los Derechos Humanos, en el  2000, hoy Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que ha capacitado y graduado a 13,578 participantes entre militares y civiles.

Mientras  indica que el Instituto de Dignidad Humana de la Policía Nacional ha proporcionado cursos y talleres de formación y de entrenamiento a 37,000 oficiales y alistados policiales, así como a personas de la población en general.

Justicia.  En este ámbito el informe valora la reforma judicial iniciada a partir de 1997 con la independencia  de los miembros de la Suprema Corte de Justicia y la toma de una serie de medidas encaminadas a la profesionalización del sistema judicial dominicano.

Señala que este poder  ha dictado reglamentos, resoluciones y sentencias que van dirigidas a fortalecer el respeto a las garantías y la debida aplicación de la ley en los procesos judiciales.

 “Ambos esfuerzos, la reforma del sistema judicial dominicano y la depuración de las fuerzas del orden y de la seguridad nacional, contribuyen a contrarrestar las violaciones y a catapultar los derechos humanos y la integridad de cada persona en el territorio nacional”.

Cárceles

Otro aspecto destacado en el informe es  el de la reforma carcelaria llevada a cabo a partir de la creación de 11 centros modelos,  “donde la reinserción social de los condenados es superior al 97%”.

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Ejecuciones

El informe recalca la prescripción de la pena de muerte  y que los sucesivos gobiernos  han avanzado de manera satisfactoria en el respeto a la vida. Cita que  entre 2003 y 2008 no se tiene conocimiento de crímenes ni de desapariciones por motivos políticos.  Sin embargo,  establece, que no se ha progresado al ritmo esperado, ya que durante ese mismo lapso se produjeron reportes  de que particulares y grupos de vecinos estuvieron envueltos en ejecuciones sumarias y que los organismos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas abusaron físicamente de detenidos e hicieron alarde de un excesivo uso de la fuerza.

La trata de personas  preocupa

“La trata de personas, en todas sus formas incluyendo la de mujeres  menores de edad, así como el tráfico de indocumentados, está constitucionalmente prohibida en República Dominicana.  A pesar de ello, se siguen reportando violaciones a la disposición constitucional y a las leyes positivas del país, motivo todo ello de alta preocupación para la sociedad dominicana y para sus autoridades”, reza el informe.

Resalta que por tanto  en octubre de 2007 el Gobierno creó  la Comisión Nacional contra el Tráfico y la Trata de Personas, con la responsabilidad de desarrollar una estrategia nacional para combatir ese flagelo y  mejorar la protección a las víctimas. Mientras  la Procuraduría General de la República coordinó la investigación y persecución de todos los casos de trata de personas, trabajo que se realiza en conjunto con la Policía Nacional, la Dirección de Migración y  el Comité Interinstitucional para la Protección de la Mujer Migrante. A nivel internacional, la secretaría de Relaciones Exteriores desarrolló una red mundial de oficiales consulares entrenados para reconocer y asistir a las víctimas del tráfico.

En cuanto a la explotación sexual comercial de menores de edad como variante particular del tráfico de personas, el informe da cuenta del trabajo en conjunto de un grupo de entidades del Gobierno apoyadas por la  Organización Internacional  del Trabajo para combatir la explotación sexual de adolescentes en destinos turísticos como Boca Chica, Sosúa, y Las Terrenas. Aunque aclara que la  entrada de niños, niñas y adolescentes desde Haití  no necesariamente es un caso más de trata de menores de edad.