Por JUAN M. RAMIREZ
La violencia doméstica, la discriminación femenina, el turismo sexual en zonas específicas, la prostitución de menores y el tráfico de personas constituyen problemas graves en el país,  según el informe sobre los derechos humanos de 2006 publicado recientemente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Expresa que la Ley faculta al Estado dominicano a castigar las violaciones, los incestos, abusos sexuales, así como otras formas de manifestaciones domésticas.

Señala que las penalidades establecidas en la Ley para los crímenes van desde uno a hasta 30 años de prisión y multas de entre RD$600 a RD210 mil.

Informa que el 24% de las mujeres, entre los 15 y 49 años, han sido víctimas de abuso físico, al tiempo que destaca la creación de una oficina de prevención de la violencia, con tres oficinas satélites en los alrededores del Distrito Nacional en las que las víctimas pueden demandar y obtener ayuda gratis. Precisó que el pasado año la unidad de prevención de la violencia recibió 10,281 denuncias sobre violencia domésticas, con tendencia hacia el aumento, tal como se demuestra a partir de la segunda mitad de 2006.

«Lo que puede ser un reflejo de que está creciendo el conocimiento de los recursos disponibles por parte de las víctimas», subraya el informe del Gobierno de los Estados Unidos.

Precisó que de 922 casos de violencia doméstica sexual recibidas el 30% fue revisado y los responsables recibieron arrestos preventivos. Lamenta que los recursos solamente estuvieron disponibles para las afectadas que habitan en el Distrito Nacional, y que las víctimas de las localidades del país continuaron sin atención, por falta de recursos para los investigadores.

«La violencia es un problema serio y generalmente no reportado, la penalidades por cometer violación es de entre 10 a 15 años en prisión y de 10 a 20 en caso de que se cometa contra personas vulnerables o bajo sustancia exagerada, y una multa de aproximadamente de entre RD$100 mil a RD$200 mil», puntualiza. Expone que las víctimas no reportan las violaciones por temor al estigma social, así como por la percepción de que la justicia y la policía fallarían en resolver el caso.

Considera que a pesar de que en el Distrito Nacional la situación parece cambiar, sin embargo no sucede igual en las demás provincias, en que los policías envían a las víctimas a buscar ayuda en las Organizaciones no gubernamentales.

El informe enfatizó que el turismo sexual es un problema serio, principalmente algunas áreas específicas como Las Terrenas, Sosúa y Boca Chica.

De igual modo resaltó que los casos de prostitución de menores continúan con mayor énfasis en los ingenios, campos de trabajos y en zonas fuera de la capital de la República.

Destacó el trabajo de las organizaciones no gubernamentales para contrarrestar la explotación sexual en niños para hoteles y zonas industriales, para servir a hombres y mujeres prostitutas, así como a grupos de alto riesgo.

Lamentó que la Ley que prohíbe el hostigamiento sexual en los centros de trabajo no fuera reforzada, lo que constituyó un gran problema en el país el año pasado.

Aseguró que en la práctica las mujeres experimentan discriminación, ya que estas tradicionalmente no disfrutan de los beneficios, estatus social y oportunidades que tienen los hombres.

Expone que los hombres mantienen las posiciones de liderazgos en todas las posiciones, y en las mayorías de las instancias las mujeres reciben menos remuneraciones a pesar de tener las mismas capacidades de los varones.

Condenó que algunos empleadores hagan pruebas de embarazos a las mujeres antes de contratarlas, y que muchas que salen embarazadas durante el proceso de trabajo son despedidas, en franca violación de las leyes.