Informe norteamericano pinta un cuadro negativo y de violación de los derechos humanos en las cárceles del país. Asegura que las prisiones estuvieron  superpobladas, las condiciones sanitarias y de salud fueron pobres y algunas  eran controladas por pandillas de presos.

Una sobrepoblación extrema, sobornos, abusos de todas formas, negación de justicia, tráfico de armas y drogas, pandillerismo, insalubridad y falta de alimentación fueron algunas de las condiciones que caracterizaron a las cárceles del país durante 2008, asegura el informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado de EU.

En su capítulo “Condiciones de las Cárceles y los Centros de Detención”, el informe precisa que, en general, los informes de maltrato y violencia entre los presos fueron comunes, así como también los abusos de parte de los guardias de la prisión a los visitantes. 

Asegura que las prisiones estuvieron seriamente superpobladas, las condiciones sanitarias y de salud fueron pobres y algunas prisiones estaban fuera del control de las autoridades y efectivamente gobernadas por pandillas criminales de presos armados.

Admite que, aunque las condiciones carcelarias fueron generalmente de pobres a extremadamente duras, el gobierno hizo avances con «prisiones modelos»  nuevas, donde los presos son tratados bajo mejores condiciones profesionales.

Revela que un sentimiento común entre los guardias de las prisiones es que aunque ellos controlan el perímetro de la prisión, dentro de la misma los presos a menudo tienen sus propias reglas y su  sistema de  justicia.

Deplora que las partidas presupuestarias para necesidades tales como alimentos, medicina y transporte no fueran suficientes, por lo que la mayoría de los prisioneros tuvieron que mendigar la comida o comprar alimentos de los residentes de barrios cercanos a las prisiones u obtenerla gracias a los familiares.

De igual modo, dice que los presos a menudo no fueron transportados a sus causas a no ser que pagaran sobornos a los guardianes

 y los visitantes a menudo tuvieron que sobornar a los guardias para poder visitar a los presos.

De manera similar, afirma, hubo detenidos que tuvieron que pagar sobornos para que se les permitiera acceder al entrenamiento vocacional que se ofrece en algunas instalaciones.

“A menudo oficiales carcelarios aceptaron dinero a cambio de una recomendación para que al prisionero se le diese permiso o fuese liberado por razones de salud”, expresa el informe, en la parte correspondiente a la República Dominicana.

Existieron acusaciones creíbles de que los prisioneros podían obtener libertad temprana bajo fianza a cambio de un soborno.

Sostiene que las prisiones a menudo no ofrecieron el debido cuidado médico a los presos, en tanto que encarcelados  inmovilizados por el VIH/SIDA y otras enfermedades terminales no fueron transferidos a hospitales.

Según la Dirección General de Prisiones, hay aproximadamente 18,000 presos y detenidos en 35 prisiones con una capacidad instalada para aproximadamente 9,000 detenidos.

Virtualmente todas las prisiones experimentaron una sobrepoblación extrema. Pone el ejemplo de La Victoria, que es la prisión más grande del país, que tenía más de 3,500 presos en unas instalaciones diseñadas para 1,300.

Señala que esta severa sobrepoblación llevó a un mercado informal donde los prisioneros pagaron hasta 40,000 pesos para adquirir una cama.

Explica que las celdas consisten en  cubículos improvisados con cama de tres niveles,  en que la circulación del aire fue un problema por el  alto peligro de brote de un fuego.

Zoom

Guardia, no civiles

Aproximadamente el 80 por ciento de los guardias carcelarios fueron oficiales militares o policiales. No se encontraron casos de civiles correccionales.

Los tráficos

Continuaron los alegatos de tráfico de armas y drogas, prostitución y abuso sexual dentro de las prisiones.  Drogas, armas y prostitutas estaban disponibles en el sistema de prisiones, asegura el informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado.

Informe señala avances en prisiones

Las mujeres presas generalmente estuvieron separadas de los hombres presos en el 2008, indica el Informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado de EU. 

Señala que las condiciones en los pabellones femeninos fueron en general mejores que aquellas de los pabellones de hombres.  A las mujeres presas, a diferencia de los hombres, se les prohibían las visitas conyugales.  A las que dieron a luz mientras estaban encarceladas se les permitió mantener a sus bebés con ellas durante un año.

A los jóvenes se les procesó utilizando cortes juveniles especializadas y cada vez, con más raras excepciones,  fueron detenidos en facilidades juveniles.

Uno de los problemas encontrados fue que, debido a una seria sobrepoblación, en muchas facilidades más pequeñas (como la prisión de Higüey) las autoridades no hicieron intentos por segregar a los presos de acuerdo con la severidad del delito cometido. Los presos preventivos estaban juntos con los presos condenados.

 La Dirección Nacional de Prisiones estimó que dos terceras partes de los prisioneros estaban en custodia preventiva en espera de juicio. Señala que esta cifra fue difícil de verificar, ya que se consideraba que muchos presos estaban en custodia preventiva luego de una condena inicial porque estaban a la espera de una apelación. 

La ley establece que el período de espera antes del juicio no debe exceder los tres meses, pero puede ser extendido a un año.