El informe de los Derechos Humanos del Departamento de Estado de EU, correspondiente a 2008, afirma que la corrupción gubernamental en  República Dominicana no cesó y funcionarios estuvieron involucrados en la práctica amparados en la impunidad.

En su capítulo titulado “Corrupción y Transparencia Gubernamental”, el informe precisa que la Ley dispone de penalidades contra la corrupción, sin embargo, el gobierno no las aplicó de manera efectiva, a pesar de que hubo funcionarios involucrados.

Lamenta que la Comisión de Ética y de Lucha contra la Corrupción, nombrada por el Presidente, continuó operando, pero con muy poco o nada de impacto ya que carece de autoridades y estructuras de toma de decisiones bien definidas.

Señala que los indicadores de gobernabilidad en  todo el mundo, emitidos por el Banco Mundial, notaron que la corrupción gubernamental fue un problema serio.

Expresa que funcionarios llevaron a la justicia a una cantidad de casos de corrupción del sector público y privado, pero que no hubo  interés de parte de las autoridades para investigar seriamente y preparar para juicio los casos  que involucran a altos funcionarios, tanto del actual como del anterior gobierno.

Deplora que en aquellos casos que llegaron a juicio, la acusación tuvo poco éxito en obtener condenas o penas de prisión. Dice que una excepción fue un caso involucrando al Plan  de renovación vehicular (Renove),  ya que en febrero de 2007, la Suprema Corte de Justicia condenó a los acusados a seis meses de arresto domiciliario. 

Lamenta que  la cancelación  de miembros de las FF.AA, de la PN  y otros involucrados en sobornos no detuvo la corrupción a pequeña escala.

Las claves

1. Tolerancia

La actitud social ampliamente aceptada de tolerancia hacia algunas formas de corrupción complicó el problema.

  2. Impunidad

A pesar de las disposiciones que sancionan la corrupción, el gobierno no sancionó a los grandes funcionarios involucrados en esa práctica.