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MÉXICO. AFP. Sólo ocho de cada 100 delitos que se cometen en México son denunciados y 99% de ellos quedan impunes, aseguró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)en un informe publicado hoy en su página web.
La CNDH informó que su presidente, Raúl Plascencia, sostuvo una reunión con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, ante quienes denunció que a la delincuencia organizada que azota México se suma la poca eficiencia de las fuerzas policiales en la procuración de justicia.
«Sólo ocho de cada 100 delitos que se cometen son denunciados (…) y solamente uno por ciento de los ilícitos que se registran es perseguido» por las fiscalías y llega a sentencia condenatoria, asegura la Comisión en el texto.
De 2005 a la fecha, añadió, el organismo público autónomo recibió 34 mil 385 quejas en contra de servidores de la seguridad pública federal. Plascencia dijo también que en los últimos años se incrementaron la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, las detenciones arbitrarias, los allanamientos y cateos ilegales, la desaparición forzada y los asesinatos.
En la actualidad. Actualmente, la Comisión investiga dos mil126 casos de desaparición forzada de personas, contabiliza 46 mil 15 personas ejecutadas durante los últimos seis años, así como 15 mil 921 cadáveres no identificados y mil 421 cadáveres inhumados en fosas clandestinas.
Si en 2005 registró sólo una queja por tortura, en 2011 el número de tratos crueles, inhumanos y degradantes ascendió a dos mil 40. Plascencia habló también de la crisis del Sistema Penitenciario Nacional, que cuenta con una población de 239 mil 760 reos y 418 centros de detención incluidos los federales y los estatales.
«El Estado eroga enormes recursos para el combate a la delincuencia y la detención de criminales, pero prácticamente abandona al interno una vez que se encuentra en prisión», señaló.
Las denuncias de la CNDH se producen a nueve días de que asuma el poder el presidente electo Enrique Peña Nieto, quien mandó al Congreso una iniciativa para suprimir la Secretaría de Seguridad Pública, cuyas funciones se sumarían a las de la Secretaría de Gobernación.
