Washington.- En muchos países de América Latina y el Caribe existe un patrón de abusos y tratamientos de baja calidad en los centros de rehabilitación de drogas, según un nuevo informe publicado hoy por la organización Open Society Foundations (OSF).

La OSF, fundación neoyorquina que financia a grupos de la sociedad civil en todo el mundo, elaboró este documento a partir de estudios de varias ONG en Brasil, Colombia, República Dominicana, Guatemala, México y Puerto Rico entre 2014 y 2015.

De los testimonios recogidos, la OSF concluye que “muchas veces el uso de drogas es visto como un fracaso moral en vez de una condición médica».

“La realidad, sin embargo, es que son esos centros en donde se realizan los abusos, y los Gobiernos que no previenen que estos ocurran, los que necesitan una revisión de su moral”, añade.

La fundación, que argumenta en base a lo establecido por Naciones Unidas en esta materia, subraya que, aún cuando los centros de rehabilitación sean privados, el Gobierno tiene la obligación de evitar que se cometan abusos.

“Los gobiernos deben no solo evitar la tortura y tratos inhumamos, sino también hacer lo posible para que otras personas o entes en su jurisdicción, incluyendo entidades privadas, no cometan similares abusos”, sostiene el informe.

Así, la OSF pide a los Gobiernos que, tanto en sus centros como en los privados, acaben con el reclutamiento forzado, vigilen de cerca que no se cometan abusos, lleven ante la Justicia los casos de violaciones que identifiquen y apoyen los tratamientos basados en evidencias científicas.

“Para que la estadía en esas instalaciones sea verdaderamente voluntaria, las personas deben poder abandonarlas cuando quieran”, recuerda el informe.

“Si una persona es obligada a un tratamiento de drogas en vez del encarcelamiento por un alegado crimen, debería recibir la opción de abandonar el tratamiento y tener acceso al debido proceso por el alegado crimen”, añade.

Según la OSF, en todos los países analizados a menudo las personas son obligadas a ingresar en centros de rehabilitación en contra de su voluntad, ya sea por sus familiares, por la Policía o por pandillas de internos en esas instalaciones.

En muchos casos, las familias no conocen la situación en el centro o no tienen ninguna otra alternativa, apunta la fundación.

“Aquellos que encierran a personas y las detienen en contra de su voluntad para tratar su dependencia a las drogas deben rendir cuentas por secuestro.

La institucionalización involuntaria ordenada por un tribunal debe ser usada solo como medida extrema”, sostiene la organización. El informe recoge testimonios de personas que han pasado por los Hogares CREA (institución que ayuda a drogadictos) en Puerto Rico y República Dominicana y que describieron “cómo los obligaban a vender dulces o pequeños objetos caseros en las calles».

“Por ello recibían muy poco dinero, o nada, pero se arriesgaban a ser castigados en caso de rehusar. Lejos de un entrenamiento vocacional, esa labor forzada refuerza el estigma público de personas que usan drogas como mendigo”, señala la OSF.

En México, algunos informantes aseguraron que hay personas que mueren en los centros al enfrentar el síndrome de abstinencia sin los medicamentos y el tratamiento pertinente.
Con estos datos, la OSF concluye que en muchas ocasiones los centros de rehabilitación no sólo no proporcionan ayuda a las personas que tienen un problema de adicción a las drogas, sino que se convierten en una suerte de cárceles donde se cometen graves abusos.

La Open Society Foundations presentará su informe hoy en Washington coincidiendo con la semana de audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).