Infracción electoral avisada

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La dirigencia de los partidos políticos dominicanos tiene vocación de víctima. La actitud atraviesa épocas, regusto por el poder y culpas. No importa el disfrute, la repartición del erario. Tampoco el estatus distinto, gracias a la comisión de crímenes y delitos contra la cosa pública, que el tiempo y la malhadada honorabilidad, omiten. Siempre está en la vanguardia de la inquina y del lamento.

Existe una nómina que auspicia la victimización y el anuncio de catástrofes. Militantes y simpatizantes, disimulados o asumidos. Está el grupo de los neutrales, que todos saben que no lo son, convertidos en apóstoles y en árbitros. Reinan en sus terrazas. Aconsejan, pactan. Tuvieron su turno y conservan y pelean privilegios, prevalidos de su condición de ungidos, de buenos. Defienden su historia labrada en el crisol del antibalaguerismo, como único bastión ideológico. El anti se transformó en rechazo a la reelección como consigna, para continuar medrando y mantener vigencia. Se sostienen imputando al gobierno y al presidente de la República, complacencia con prevaricadores y reditando una pose atávica contra la Junta Central Electoral -JCE- en esta campaña electoral, que sin comenzar, comenzó. Deslucida, reiterativa, sólo para desmemoriados e indiferentes.

Esa dirigencia sufrida, con sus vocerías sempiternas, prefiere el cacareo mediático a las acciones que la ley prevé. Repite la existencia de planes macabros, de componendas al mejor estilo de otras décadas, cuando se auguraba sangre y fuego en cada jornada electoral.

Tan cómplices como responsables, saben que jamás las infracciones electorales son sancionadas. Acuerdan impunidad durante el período y optan por imputar los males electorales a la JCE. Resienten que el organismo dejó de estar atado a mancuernas tejidas en capillas de notables, no se pliega a la vocinglería de extorsionadores. Se zafó del cortejo de los grupos inconformes con la autonomía y con la decisión de aplicar la ley. Minorías con un discurso pío, que conserva su validación exigiendo legalidad para los otros, no para ellos ni para sus patrocinados.

Cuando el pleno de la JCE comunicó al país la transformación del mapa electoral, conforme al resultado del Censo, los partidos mayoritarios se unieron para solicitar la revocación de la Resolución, apegada al artículo 81 de la Constitución de la República. Y el desatino tuvo eco. La JCE no cedió. Ahora, el presidente de la JCE, Roberto Rosario Márquez, denuncia una situación anómala. Grave. Se trata del cambio masivo de domicilio. Ciudadanos que después de la obtención de su cédula de identidad y electoral, manifiestan el deseo de mudarse.

La irregularidad ha sido detectada en 16 provincias. El caso más escandaloso es el de Pedernales, que registra en una casa, más de cien personas como domiciliadas. Los cambios en el padrón electoral fueron realizados desde los Centros de Cedulación de Santo Domingo Este, Oeste y desde el centro que funciona en el Ensanche Luperón.

Basta revisar las hemerotecas para comprobar que el procedimiento no es novedoso. En los archivos están las imágenes de los autobuses trasladando votantes a municipios despoblados, el día de las elecciones. Los vehículos exhiben la identificación de los partidos auspiciadores del paseo electoral. La novedad ha sido la denuncia, a tiempo, que ha hecho la JCE.

La dirigencia partidista está obligada a cooperar con las autoridades para descubrir culpables, imputar y proceder. La costumbre de perdonar o ignorar las infracciones electorales tiene que erradicarse. Mencionar como chiste la existencia de gacetazos, fallos complacientes, granadazos, intercepción de comunicaciones, robo de urnas, falsificación de documentos, avergüenza. Los crímenes y delitos electorales están previstos en la Ley 275-97 (artículo 171 y siguientes) también existen disposiciones en el Código Penal.

El procedimiento ha sido burdo y por lo tanto fácil de detectar. Las 22,590 personas que solicitaron cambio de dirección, no son fantasmas. Tienen cédula de identidad y electoral y nuevo domicilio. Infracción avisada tiene que servir para la previsión, no para el lamento electoral. Llorar sin actuar, es irresponsable. Nada aporta.