El desarrollo de la infraestructura vial de un país es uno de los indicadores más valorados en la medición del impulso al progreso, debido a su gran impacto en la inversión, facilitación de la comunicación terrestre y el comercio, así como ahorro de tiempo y combustibles, entre otros factores. Por eso, no es casual que en medida apreciable el crecimiento de la economía dominicana está influido por el hecho de que el país ha logrado un desarrollo vial que, según entendidos en esta materia, está entre los mejores de la región, superando inclusive el de países que en otros aspectos están más avanzados que el nuestro. De esto se benefician la industria, el turismo, la agropecuaria y otros renglones de la economía.

De ahí que la inauguración de la primera etapa de la Avenida de Circunvalación de Santo Domingo, cuya ejecución está a cargo del Ministerio de Obras Públicas, adiciona nuevos puntos a ese alto índice de desarrollo vial que tiene nuestro país. Los 17 kilómetros de esta etapa ayudarán a descongestionar la parte oeste de Santo Domingo de la circulación de vehículos que viajan desde zonas como Haina hacia el Cibao, con un significativo ahorro de tiempo y combustibles. Las demás etapas de la obra, cuya conclusión se anuncia para el año 2016, librará de congestionamiento al Gran Santo Domingo al desviar el paso de vehículos de pasajeros y carga que no tienen ese punto como destino.

¿CIRUGÍA O CARNICERÍA?

La muerte en menos de una semana de dos mujeres sometidas a cirugía estética en un centro clínico de Santiago revela que hay un frenético intrusismo profesional y una evidente falta de controles sanitarios sobre la práctica de esta especialidad. Las víctimas son la modelo de 24 años Ely Estephanie Peña Placencio, quien murió el jueves, y la señora Sara de los Ángeles Martínez Rodríguez, de 39, muerta el sábado. Ambas habían sido sometidas a lipoescultura.

El epicentro de este nuevo escándalo quirúrgico es el Instituto de Adelgazamiento y Estética del Cuerpo (IDEAMET), que ha sido intervenido por el Ministerio Público, donde personal no especializado se dedicaría a practicar cirugía estética. El Ministerio Público y el Ministerio de Salud Pública tienen que asumir con rigor la responsabilidad de que se haga justicia en estos casos.