En las últimas dos décadas, la República Dominicana ha experimentado cambios trascendentales en su infraestructura vial. La construcción de intersecciones elevadas, túneles, pasos a desnivel y nuevas carreteras han incrementado la accesibilidad de la red nacional.

A pesar de estas grandes inversiones, el problema del transporte persiste, presentando mejoras puntuales que luego se desvanecen al encontrar nuevos obstáculos que entorpecen el f1ujo de una enorme carga vial. La ciudad de Santo Domingo ha sido la mayor benefactora de las partidas presupuestarias dedicadas al transporte, con una inversión aproximada de más de US$2,750 millones en la última década. Sin embargo, en esta se perciben las mayores demoras y congestionamientos del territorio nacional.

Una velocidad promedio de 52 km/hr y una velocidad máxima de 156 km/hr por encima de los 45 km/hr establecidos por ley, reflejan las características de operación de la red interna del Distrito Nacional, donde los conductores tienden a incrementar agresivamente su velocidad en tramos no congestionados para recuperar el tiempo perdido, amenazando la vida de los peatones y de los demás usuarios del sistema vial.

La infraestructura de control, compuesta por semáforos «inteligentes» y señalizaciones, es sub-operada creando fa necesidad de los famosos operativos de control policial, para poder asegurar el fujo dentro de la «telaraña» que tipifica nuestro sistema de carreteras y calles. Esta infraestructura vial no planificada ha castrado la accesibilidad de los habitantes más pobres de nuestra ciudad, marginándolos en densas fronteras urbanas que rodean la ciudad capital.

 A esto se le adiciona un sistema de transporte de pasajeros sin mantenimiento, con una flota de edad promedio de 15 años, que representa un peligro para el usuario que lo paga hasta con un 25% de sus ingresos. El costo anual de un 4.2% del PIS, generado por los accidentes de tránsito, congestionamiento vial, consumo de combustibles fósiles y contaminación ambiental, no impresiona a ningún analista que alerte a la sociedad del efecto sufrido por dichas externalidades, producto del desordenado y empobrecido nivel de servicio del sistema. El descontrol de emisiones dañinas al medio ambiente y una constante contaminación acústica amenazan la calidad de vida de los habitantes de las urbes dominicanas.

Estas características operacionales son rasgos de un sistema de transporte mal administrado, poco estructurado e indigno para el usuario, por lo que debemos preguntarnos si, verdaderamente, estamos avanzando hacia un sistema de transporte sostenible?

Esta pregunta destaca la laxitud institucional y despierta la necesidad de crear un marco organizacional que regule y planifique, a través de planes estratégicos, las inversiones realizadas en el sector, cuantificando sus impactos a nivel social, económico y ambiental.

La construcción del metro de Santo Domingo, con sus seis líneas rígidas y sus rutas alimentadoras complementarias, establece un marco político e institucional excepcional para reestructurar e integrar el sistema de transporte a nivel nacional. Luego de un modesto análisis de la situación actual, se ha llegado a las siguientes conclusiones y recomendaciones, en las distintas ramas de la disciplina.

Se debe promover la construcción de una infraestructura vial integrada, que provea accesibilidad y promueva el desarrollo local. El incremento sorpresivo de la población en los centros urbanos, debido a la alta migración rural-urbana, ha impactado la capacidad de las redes internas de las ciudades principales, como son Santo Domingo, Santiago, La Romana, Higüey, entre otros. Desde el 1960 al 2002, la población de las áreas urbanas se ha duplicado de un 30.3% a un 63.6%, respectivamente, duplicando la cantidad de habitantes en las ciudades del país.

 Este crecimiento demográfico repercute en todo el sistema vial originando bajos niveles de servicio, debido al agotamiento de los medios de transporte por la demanda inducida por el efecto migratorio. Por tanto, la creación de una red de distribución de carga y de anillos periféricos alrededor de las ciudades principales, es una medida que promueve y asegura la sostenibilidad de nuestros campos y ciudades. Con el desarrollo de la red de carga se promueve el fácil acceso a las zonas productoras del país, desincentivando los movimientos migratorios hacia las ciudades.

La creación de anillos periféricos con calles radiales que conecten las zonas internas de la ciudad, desvía los viajes con destino diferente al área metropolitana. Esta infraestructura en anillo, a la vez, crea la plataforma necesaria para desarrollar políticas de apreciación de la congestión y distribución de carga fuera de la hora pico, para reducir el volumen vehicular que circula en la ciudad.

El desarrollo de un sistema integral de transporte, debe de ser complementado con plan operativo para la ciudad. En el 2008 había un total de 2.4 millones de vehículos registrados, en comparación con 1.3 millones que había en el año 2000, para un crecimiento del parque automotor de un 46% en un período de 8 años.

Esto ha impactado la movilidad interna de las ciudades, la cual debe ser recuperada a través de la implementación de una infraestructura tecnológica de control. La sinergia entre el estado, el sector privado y la sociedad académica puede resultar en un centro de investigación y control de transporte que administre y supervise la red interna de la ciudad.

Con el desarrollo de la tecnología celular, se pueden desarrollar sistemas de semáforos verdaderamente inteligentes, que se ajusten a la demanda puntual en tiempo real, con una inversión mínima y una penetración en todo el territorio nacional.

 En este centro se pueden desarrollar estudios y simulaciones de la red para analizar las variaciones en los niveles de congestión y emisiones, y el impacto que tienen estas medidas en el sistema en general. Esto también permitirá emplear los recursos policiales en el control de infracciones que dificultan la operación ininterrumpida de la red vial y en operativos de seguridad que promuevan la circulación peatonal en las avenidas y calles de la ciudad.

El sistema de transporte  producto de la sobreoferta del servicio por la falta de regulación, ha sufrido un detrimento en la demanda de pasajeros, creando la famosa «guerra del centavo» donde los choferes luchan por las rutas y pasajeros a servir, en busca de su beneficio económico en una estructura de mercado fallida.

De la misma manera estos tratan de compensar sus pérdidas ajustando desproporcionadamente las tarifas de pasajes, cada vez que varía algún elemento que la compone. Por tanto, con el fin de asegurar la factibilidad de las rutas establecidas y la eficiencia económica los operadores, los conductores y los usuarios del servicio, se deben realizar estudios de demanda para ofrecer los servicios acorde a los movimientos que realiza la población.

Asimismo, se debe de regular la tarifa con una ecuación técnicamente establecida que capture las variaciones y efectos que tienen los precios de los combustibles, la inflación y la tasa del dólar, en el precio final de los insumos percibidos por los propietarios de las rutas y unidades. Asegurando así una tarifa justa tanto para los operadores como para los usuarios y estableciendo finalmente el famoso lema de «si sube, sube, y si baja, baja».

Adicionalmente, se deben apoyar e incentivar programas educativos similares a los establecidos por la OTTT para impulsar la formación de los operadores y los choferes que ofrecen el servicio, con el fin de asegurar el desarrollo sostenible de sus industrias y mejorar los niveles de calidad del transporte público ofrecido.

Paralelamente, se deberán generar programas académicos de postgrado y maestría en materia de transporte y seguridad vial, con el fin de preparar un cuerpo de profesionales capaces de promover una «cultura de transporte» y elaborar soluciones que respondan a los problemas sufridos en el territorio nacional, fomentando así la educación para un sistema de transporte sostenible.

El protagonista

Jhael Isa Tavárez

Ingeniero Civil

Egresado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, con maestría en Ingeniería de Sistemas de Transporte en el Rensselaer Polytechnic Institute (RP) de Nueva York y miembro integral del programa Fullbright de la Embajada de los Estados Unidos.