Escrita va largamente la historia de desaciertos de Estado que dejan obras a medio construir por prolongado tiempo haciéndolas subir de costo; los que sistemáticamente retrasan corregir daños por usos desconsiderados que la falta de civismo causa a edificios escolares, generadores extraordinarios de pupitres rotos. En suma una falta de cuidado que en ocasiones disminuye la funcionalidad de hospitales y los alcances de sistemas de riego, carreteras y caminos vecinales y obliga a inversiones adicionales de rescate después de lo peor entre otras desastrosas “pequeñeces” de la vida nacional.

Una consecuencia negativa de gestiones públicas anteriores consistente en obras sin concluir o en condiciones de inutilidad por no ser reparadas a tiempo golpeó con dureza el comienzo del año escolar 2022-2023 con más de 700 edificaciones truncas por nudos legales anteriores a la llegada de un nuevo ministro. Y también por desajustes programáticos escandalosos consistentes en hacer pagos por adelantado para eventuales trabajos de ingeniería y suministros sin garantías de cumplimientos de contrato. Se busca que la justicia actúe contra estas defraudaciones.

Características más comunes de la falta de mantenimiento a planteles en los que sería una crueldad alojar estudiantes: deterioro de infraestructuras físicas, falta de agua potable y de energía eléctrica; verjas amenazando con caer, deterioro de mobiliarios, filtraciones por techos y paredes y déficit de maestros no integrados con puntualidad a las obligaciones.

Un panorama que llevó al ministro entrante Ángel Hernández a proponerse renunciar si al año siguiente había todavía escuelas sin reparar o en condiciones inaceptables. Indicios de impotencia por la magnitud de cargas halladas que parecían superar sus posibilidades. Recordó para entonces que el presupuesto que entraría en vigencia representaría el 22% de la programación de inversiones y gastos del Estado. Las fallas estructurales le hacía dudar de buenos resultados aun con abundancia de recursos.

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Llama la atención -tal como acaba de publicar este diario- que hasta noviembre del año pasado los recursos de Estado asignados presupuestalmente para servicios de conservación y reparaciones ascendieron a RD$2,500.3 millones que en proporción apenas llega al 0.25% de la ejecución total de gastos oficiales en el período anual señalado.

Nelson Suárez, analista del manejo de cuentas públicas de largo ejercicio, recordó a HOY el pasado jueves que “a pesar de que existen disposiciones legales que lo ordenan, en el Sector Público dominicano nunca se ha aplicado una política específica y efectiva sobre el mantenimiento y conservación de edificaciones, carreteras, puentes, maquinarias, equipos y otras propiedades y plantas del Estado”. Y más concretamente:

“Cabe recordar que la ley 1,832 mediante la cual se creó la Dirección General de Bienes Nacionales en noviembre de 1948 en su artículo 14 establece que será deber del director general de Bienes Nacionales velar por la conservación de los bienes muebles del Estado, formar y mantener al día el inventario de dichos bienes”.

Un informe oficial indicó en el 2021 que el total de activos en propiedad del Estado dominicano consistente en edificios, maquinarias, equipos especializados, infraestructuras se reunía un valor global de RD$400,268.3 millones y en ese mismo año “el Gobierno central invirtió en servicios de conservación, reparaciones e instalaciones unos RD$5,131.4 millones equivalentes al 0.52% del total de gastos”. (Nelson Suárez) y agregó, refiriéndose a las cifras anteriores que: “Significan que los fondos presupuestados destinados a conservación y mantenimiento solo representaron un 1.3% del total de los activos sujetos a mantenimiento y conservación cuando las buenas prácticas recomiendan reservar un monto de al menos un 5% del valor de los activos sujetos a mantenimiento que serían unos RD$20 mil millones”.

AGUAS FRENADAS

Después que en un año el Instituto de Recursos Hidráulicos invirtiera 20 millones de pesos en limpieza de canales de riego, emergió la falta de saneamiento del río Yaque del Norte y de mantenimiento a los canales Ulises Francisco Espaillat y Monsieur Bogaert, vitales para la agricultura cibaeña que experimentaban una reducción de su rendimiento por la concentración de basura y plásticos en sus trayectos. Malos comportamientos ciudadanos e irresponsabilidades municipales en la disposición final de desperdicios hacen más difícil la preservación de servicios públicos esenciales.

Un estudio independiente sobre la eficiencia en el sector hidráulico determinó que la disponibilidad de agua en el país es abundante pero la manera en que las instituciones la distribuyen espacial y estacionalmente , y la “precariedad del saneamiento”, afectan sistemas de irrigación y restan disponibilidad para consumos humanos.

Y en sentido general, y probablemente porque no se especializan suficientes fondos para optimizar el uso del agua, se percibe que aun siendo el riego un renglón de aprovechamiento muy importante, la eficiencia de los órganos que manejan el recurso está catalogada de “muy baja”. Además la disponibilidad del líquido queda muy supeditada a la capacidad de almacenamiento de las presas.

Algunas de ellas están severamente afectadas por la sedimentación que reduce sus caudales y que debe ser evitada con atenciones preventivas y correctivas sobre cuencas y embalses que no siempre llegan. Se reprocha también la ausencia de programas que combatan el desperdicio y las utilización comercial en grande del agua que el Estado tolera a gente que no paga por ella y se enriquece sin sufrir consecuencias. A lo que nada nos cuesta hagámosle fiesta.