Infuncionalidad legislativa al abordar el fideicomiso. Como legítimos representantes por provincias del mosaico ciudadano, es obligación de los congresistas, hacedores de leyes y evaluadores de contratos que comprometan al Estado y la nación, pisar fino pues no son “todólogos”.
Mirar hacia todos lados en asuntos delicados y asesorarse de especialistas competentes y sin más compromiso que el de servir lealmente al poder del Estado que los colocó a su servicio. Son asistidos por comitivas oficinescas en sus sedes y jurisdicciones territoriales, con excelentes remuneraciones, súperdietas, gastos de representación y holgura para atender sus asuntos principales.
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Siguiendo esa cartilla, el pleno de la Cámara de Diputados no hubiera acogido como sello gomígrafo las recomendaciones, en principio, de comisiones técnicas de ceder en fideicomiso la gestión de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, obviando incluso las vistas públicas.
Ningún tecnicismo parlamentario debe restringir a los congresistas para ahondar en detalles de los proyectos que llegan a sus manos y no que fuera después que los liderazgos de partidos dominantes legislativamente hicieran públicas retractaciones.
Hasta el propio Gobierno, promotor de la concesión, puso en evidencia su falta de alerta para respetar los procedimientos que le obligaron a recular.