En esta columna, abordo con frecuencia el problema más grave que adolece la República Dominicana: la falta de transparencia y la pobre calidad del gasto público. Con frecuencia también, incursiono en las bases de datos oficiales (siempre retrasadas) que publica el Gobierno, tanto para mis artículos como para otros fines profesionales. Pero lo más difícil es descubrir lo que se esconde o se tergiversa detrás de esas estadísticas oficiales, con lo que se mantiene al público lo suficientemente desinformado para no entender la magnitud y gravedad de la crisis que nos aqueja, incluyendo sus orígenes.

Por ejemplo, el Presidente Fernández, en su discurso a la Asamblea Nacional el 27 de Febrero, dijo que aquí los salarios y remuneraciones representaban el 5.5% del PIB, mientras en Brasil era de 10%. Pero al adentrarnos en los escondrijos del presupuesto y de cómo se registran o se ocultan indebidamente muchos gastos salariales en cuentas diferentes y por conceptos diferentes, usted encontrará que ese 5.5% se convierte en 12%.

Desde nominillas ilegales, ingresos encubiertos, contratos fantasmas con extensas nóminas de pagos o el nombramiento de miles de asalariados mediante transferencias a ONG gubernamentales, pagos por servicios de prensa y propaganda o el financiamiento de actividades diversas (deportivas, artísticas, etc.) convertidas en salarios, hasta grandes proyectos de inversión pública donde una parte importante del dinero se usa para nombrar activistas políticos, son solo algunas de las “indelicadezas” para encubrir la dimensión de esta partida.  

¿Podemos entonces compararnos con otro país cuando vivimos en uno que no tiene ninguna transparencia? Imposible, ya que siempre quedaríamos mal parado, como lo estamos en todas las comparaciones con otros países. Le exigimos transparencia a los bancos, a las empresas y a los contribuyentes individuales, pero el Gobierno no la tiene. 

Esa irracionalidad del gasto, la poca transparencia en la asignación de recursos y el derroche que caracteriza a esta gestión pública, convierten el presupuesto nacional en el verdadero detonante de una potencial crisis de gobernabilidad. No es la crisis financiera mundial que nos llevará a eso.  

Ahora resulta que el Secretario de Hacienda, que jamás debió mencionar esa palabra, habla de una potencial ingobernabilidad en República Dominicana, sin entender que él es único que puede evitarla si cambiara radicalmente la forma de cómo se asignan los recursos públicos. Ese discurso del amigo Bengoa, realista pero impolítico, cambió radicalmente el país imaginario que pintó el Presidente Fernández el 27 de febrero pasado.  

Y  todo para reclamar más dinero de los organismos internacionales con fines de seguir con el derroche.

¿Pero más dinero para qué? Los ingresos que percibe el Gobierno (3 veces mayor al del 2004), aun  previendo una reducción del 10% en el 2009, son más que suficientes para enfrentar la crisis si se manejaran bien, si la calidad del gasto mejorara sustancialmente y si se reducen los derroches de ese corroido y corrupto gigantismo  estatal, magnificado en esta administración. Lo demás, son cuentos chinos.

Comencemos por ahí y después hablemos de otras cosas.