POR GERMAN MARTE
Los ingresos municipales han crecido considerablemente, mientras que  la inversión en política social de los ayuntamientos ha sido insignificante y difícil de cuantificar, según revela un estudio sobre Gestión Municipal y Política Social en República Dominicana.

La investigación realizada por Pedro A. Hernández del Centro Universitario de Estudios Políticos y Sociales (CUEPS) de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) abarca desde 1995 hasta el 2005. El estudio está contenido en el libro “La estructura Impositiva y la limitada inversión en desarrollo humano”, auspiciado por el CUEPS y la Fundación Friedrich Ebert.

Precisa que en 1995 los ayuntamientos recibieron aportes del Presupuesto Nacional por un monto aproximado de RD$451 millones, en tanto que diez años recibieron más de RD$9 mil millones.

De acuerdo con la investigación dada a conocer recientemente, en sentido general en materia de políticas sociales los ayuntamientos no operan con los parámetros y normas racionales para la elaboración y desarrollo de programas y actividades.

Asimismo, señala,  tampoco tienen establecidas cuáles políticas sociales corresponden ejecutar al gobierno y cuales a los ayuntamientos. De acuerdo con Hernández, esa falla forma parte de las precisiones pendientes sobre las competencias del gobierno nacional y los gobiernos locales.

Indica que el régimen municipal y los gobiernos municipales  no tienen políticas sociales definidas, y simplemente desarrollan acciones de asistencia social a las cuales dedican muy pocos recursos económicos.

Las acciones son realizadas de manera puntual, sin obedecer a planes y programas formulados a partir de la identificación de necesidades concretas, precisa el estudio realizado por Hernández.

Sin embargo, subraya, estas acciones no producen impacto, no sólo  por los escasos recursos que se invierten en ellas, sino también porque  sus beneficiarios no son sectores específicos.

Plantea  que con la dotación presupuestal actual los ayuntamientos deben avanzar en la definición y elaboración de políticas sociales, con objetivos precisos y recursos calculados.

Para esto precisan establecer prioridades y también una mayor profesionalización y racionalización de la gestión por resultados.

Entre otras iniciativas a seguir, el estudio sugiere modificar las leyes de modo que se establezcan claramente cuáles son las atribuciones de los ayuntamientos y cuáles las de las entidades del gobierno central.