POR PEDRO GERMOSEN
El proyecto de reforma fiscal entra hoy en un proceso crucial en el Senado, cuyos miembros deberán decidir si aceptan la solicitud de la embajada de los Estados Unidos, de eliminar el arancel al sirop de maíz, a lo que se oponen parte de la matrícula del hemiciclo y el sector azucarero nacional. Entretanto, el vicepresidente del organismo legislativo, César Matías, de Valverde, exhortó a los sectores interesados a remitir o llevar sus opiniones en torno al controvertido paquete impositivo.

Por su lado, la comisión especial del Senado se reunirá hoy a partir de las 10:00 de la mañana para continuar la revisión de la pieza, informó el presidente de los comisionados, Tommy Durán, de Puerto Plata.

A esta jornada fue invitado el ingeniero Manuel Troncoso Cuesta, ex administrador del Banco Nacional de la Vivienda (BNV), en razón de que se analizará el gravamen a los préstamos inmobiliarios.

La reforma fiscal ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y de ser sancionada sin enmiendas por los senadores, se convertiría en ley.

Sin embargo, la embajada norteamericana solicitó al hemiciclo que le quite el arancel del 25 por ciento a las importaciones de edulcorante de maíz.

Sobre el particular, el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita y Narciso Isa Conde, coordinador de la Fuerza de la Revolución, declararon a HOY que tal solicitud constituye una injerencia de los Estados Unidos en los asuntos internos y, de paso, manifestaron que el gobierno norteamericano busca de esta manera proteger a sus productores.

Por su lado, el doctor Mario Read Vittini consideró que lo prudente es renegociar el Tratado de Libre Comercio (TLC) en procura de salvaguardas en favor del sector productivo nacional.

Contra la solicitud de la sede diplomática norteamericana también se pronunciaron los senadores Vicente Castillo, de Peravia, y Pedro Antonio Luna, de Sánchez Ramírez, quienes apuntaron que el patriotismo demanda defender a los productores criollos.

Sobre el particular, hablando a nombre del sector azucarero, el licenciado Jimmy García Saviñón, gerente financiero del Central Consuelo, dijo que el sector enfrenta el dilema del TLC con Estados Unidos y los efectos de la ley 28-01, sobre desarrollo fronterizo.

Señaló que esa ley otorga a las empresas industriales, agroindustriales y agropecuarias la exención del 100 por ciento en el pago de impuestos internos, aranceles y cualquier tipo de gravamen durante 20 años.

Adicionalmente, dijo, la citada ley los exonera del pago de un 50 por ciento de cualquier otro gravamen, tasa o contribución vigente o que se establezca en el futuro.

Indicó que desde el punto de vista de los legisladores de la frontera la ley 28-01 es buena, ya que fomenta la creación de empleos, pero la misma beneficia una región en perjuicio de otras.

Refirió que acogiéndose a esa ley, una fábrica de refrescos peruana decidió instalarse en la frontera, pero será una competencia desleal a los fabricantes de refrescos y jugos enlatados nacionales.

Dijo que la empresa peruana está exonerada para importar todo tipo de insumos, incluyendo azúcares.

Resaltó que los productores locales de refrescos y jugos demandan alrededor de 100 mil toneladas de azúcar de la producción de los ingenios nacionales.

Estimó que en apenas dos años, la nueva empresa de origen peruano habrá desplazado en un 40 por ciento del mercado de refrescos y jugos a los fabricantes nacionales, lo que implica una disminución de 40 mil toneladas de azúcar para el mercado local.

Esa cifra, dijo, significa unos RD$600 millones menos de ingresos para la industria azucarera que paga sus impuestos y desarrolla programas de carácter social.