BOGOTA, (AFP) – Con la exhumación en los últimos cuatro meses de más de 700 cadáveres, muchos desmembrados por sus verdugos, Colombia empezó a desenterrar la barbarie de la guerra que libraron los grupos paramilitares de extrema derecha en su lucha contra las guerrillas izquierdistas.

El mayor y más reciente descubrimiento de fosas comunes se produjo en el departamento de Putumayo, fronterizo con Ecuador, donde en 65 de esas sepulturas fueron encontrados los restos de 105 víctimas de los paramilitares, entre los que se encuentran ecuatorianos. Con el hallazgo de los 105 cadáveres se eleva a 211 el número de cuerpos encontrados hasta hora solamente en el Putumayo en los últimos 4 meses, pero el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, estima que en esa región podría haber hasta 3.000 víctimas de los paramilitares.

La penosa búsqueda de los restos de esas víctimas, que se inició a finales de 2006, ha permitido ubicar los cadáveres de más 700 personas, entre hombres, mujeres y niños, en fosas comunes halladas en los departamentos de Antioquia, Caldas, Córdoba, Magdalena, Meta y Putumayo. Según indicó Iguarán el sábado en una conferencia de prensa, en la que reveló el hallazgo de los 105 cuerpos en Putumayo, esas exhumaciones han sido posibles por las confesiones de los desmovilizados jefes paramilitares, las denuncias de los familiares de las víctimas y de habitantes de esas regiones del país.

El gobierno del presidente Alvaro Uribe llevó a cabo un proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha), que condujo a la desmovilización de más de 31.000 de esos combatientes, según cifras oficiales.

Para lograrlo, el gobierno impulsó una controvertida ley que contempla penas máximas de ocho años de cárcel, aún para delitos de lesa humanidad, para los comandantes de las AUC que se acojan a ella, confiesen sus delitos y reparen a los familiares de sus víctimas.

Esa ley, conocida como de Justicia y Paz, ha sido fuertemente criticada por ONGs y el opositor partido izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), que la consideran demasiado laxa.

Lo contrario piensa el delegado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el proceso de paz con las AUC, el argentino Sergio Caramagna, que el domingo, al destacar el cubrimiento de fosas, dijo que ello es resultado de esa ley.

Es un proceso que se abre de manera muy importante y auspiciosa en el país. Estas fosas comunes, estos restos humanos, comienzan a aparecer a partir de las versiones libres (declaraciones) que jefes de las Autodefensas están dando a la Fiscalía, dijo.

Pero el proceso de exhumación recién está comenzando, como lo advirtió el fiscal Iguarán y el director de la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, Luiz González.

Iguarán además reconoció que la Fiscalía está desbordada en ese frente e insistió al gobierno en que le suministre más recursos económicos para poder cumplir con esa tarea y lograr que los familiares de las víctimas de los paramilitares puedan hacer el duelo de sus seres queridos desaparecidos.

Según estimados no oficiales, las AUC en cerca de dos décadas de lucha contra las guerrillas izquierdistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que involucró también a organizaciones sociales, sindicalistas y hasta periodistas, asesinaron a unas 9.000 personas, muchas de ellas de forma bárbara, utilizando motosierras.