POR MARIO MENDEZ
La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) inició la revisión y renegociación de los contratos y las deudas con las empresas eléctricas que operan en el país, trascendió ayer. De acuerdo a lo informado, ya las partes están trabajando en la parte inicial del proceso, a través del cruce de informaciones.

Se informó que el proceso no será fácil, dado los intereses envueltos, pero que a los negociadores que representarán al Estado se les ha dejado en libertad para que en el proceso predomine «lo que digan los números».

«Son los números los que van a hablar. El objetivo es que se transparenten los costos y las deudas con las empresas eléctricas», se explicó.

Se indicó que la renegociación abarcará tanto la estructura de costos como el período de vigencia de los contratos.

Los contratos que serán renegociados son los de compra de energía en el mercado mayorista, Cogentrix y Smith and Enron, así como las deudas con Aes y con los antiguos Productores Privados Independientes (Ipp»s).

Con relación a las deudas, las informaciones del Estado difieren de las que ofrecen las empresas privadas.

Se explicó que mientras las cifras que se ofrecen en el sector privado indican que esa deuda asciende a unos 400 millones de dólares, los números que maneja la CDEEE indican que esa deuda no pasa de los 200 millones de dólares.

Se informó que el equipo escogido por la CDEEE para llevar a cabo las negociaciones está trabajando duro para que los resultados del proceso puedan comenzar a verse en tres o cuatro semanas.

Entre las acciones que el presidente Leonel Fernández dijo en su discurso de toma de posesión que el gobierno emprendería para enfrentar la crisis del sector eléctrico, está la de renegociar los contratos con las empresas privadas.

En el caso de los contratos de compra de energía, aunque fueron renegociados en el gobierno pasado con la firma del llamado Acuerdo de Madrid, los expertos plantean que la estructura de costos en que se sustentan hacen inviable financieramente al sector porque obligan a mantener las tarifas para los usuarios en niveles muy altos.

Además, se criticó que para reducir los precios acordados inicialmente, en el acuerdo de Madrid se dispusiera extender la vigencia de los contratos a 15 años.