Panamá se aboca desde hoy a un diálogo nacional para reflotar su deficitario sistema de pensiones, en medio de un clima de desconfianza alimentado por lo “poco fiable» de las cifras económicas disponibles y los temores de la clase trabajadora de que se avance hacia una “privatización».

El tema central es el futuro del llamado Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja del Seguro Social (CSS), cuyas “prestaciones se han visto afectadas en los últimos años con un déficit actuarial que ha llegado a los 900 millones” de dólares según datos publicados en la página web del ente sanitario.

Se trata de una discusión relegada durante años debido al costo político que entraña, coincidieron representantes patronales y de trabajadores que criticaron la gestión administrativa de Seguros Social, envuelto desde hace años en escándalos de corrupción y clientelismo político.

De hecho, el presidente panameño, Laurentino Cortizo, ha pedido creatividad en esta discusión y que no se afecten factores como la edad de jubilación o el monto de la cuota obrero-patronal, entre otros.

La crisis de las pensiones deriva de la baja contracción en la actividad económica y el desempleo, el aumento en el número de pensiones y la eliminación de fuentes de financiamiento del programa, afirma en su página web la CSS, el ente público que asegura al 80 % de la población de Panamá.

La representante del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) ante la directiva de la CSS, Aida Michelle de Maduro, dijo que la “certeza de los números” sobre la realidad financiera del seguro social “es la mayor dificultad” que enfrenta el diálogo.

“Hay datos actuariales auditados hasta el 2018, se está trabajando en las corridas del 2019”, dijo.