Desde un principio afirmamos que el caso Odebrecht significaría un antes y un después en la historia de impunidad y corrupción en República Dominicana.
Las razones no tenían que ver precisamente con voluntad política de que así fuese, sino más bien con las implicaciones internacionales: por un lado interés de empresas y Estados extranjeros de que se sancione el hecho y, por el otro, la posibilidad de comparar el accionar de las autoridades locales con otros países.
La segunda razón es la existencia de los nuevos medios de comunicación, lo que Ignacio Ramonet llama el Quinto Poder, que ha permitido que la población acceda a información directa de Brasil y otros países, no recogida en medios de comunicación tradicionales.
El tercer elemento es la movilización ciudadana, articulada en Marcha Verde, y que desde el 22 de enero ha sido masiva.
Ayer el Ministerio Público inició los apresamientos de los presuntos implicados, y aunque se hicieron tardíamente (en otros países desde enero hay detenidos) ahora, más que nunca, la ciudadanía debe mantenerse vigilante, para asegurarse de que esto no se convierta en un circo o show político, sino que ante la Justicia estén todos los que son y sean todos los que están, evitando chivos expiatorios.
También es importante impedir el uso de este caso para aniquilar liderazgos y proyectos políticos contrarios al Gobierno de turno, temor justificado al ver que sometidos por la Procuraduría pertenecen, en su mayoría, al principal partido de oposición, PRM, y a funcionarios del gobierno de Leonel Fernández, pese a que en su delación Odebrecbht señaló que los sobornos se hicieron hasta el 2014.
Es por eso que, la ciudadanía, más que confiar, como pidió ayer el Procurador, debe seguir manifestándose porque este precedente ha sido posible por la presión social, de lo contrario hubiese pasado al igual que en casos recientes como OISOE, CORDE y CEA.
Sólo esto garantizará el inicio del fin de la impunidad y aprovechar esta oportunidad histórica de que la clase política se recicle, dejando de lado a quienes van al Estado a beneficiarse de manera personal, y abriendo espacios para quienes de verdad quieran servir al pueblo e implementar políticas públicas, cuyos recursos la corrupción se roba.
También para que la justicia se gane de nuevo la confianza del pueblo y para que el movimiento social demuestre que esto no es una lucha personal y que no se tienen corruptos favoritos, sino que la única intención es canalizar un clamor de indignación contra la excesiva corrupción e impunidad que se roba los sueños de salud, alimentación, educación, vivienda, salarios y transporte digno de un pueblo rico, pero corruptamente admnistrado.