Tan pronto sea aprobada y puesta en vigor la Ley de Regulación Salarial del Sector Público que se discute en el Congreso, habrá que dar otro paso trascendental para revisar el ordenamiento legal de las pensiones de los funcionarios y trabajadores del Estado, donde las inequidades e iniquidades pueden resultar todavía mayor que en el régimen de sueldos.

 Y no es que falte una regulación legal, pues el 11 de diciembre de 1981 el presidente Antonio Guzmán promulgó la Ley 379 que establece “un nuevo régimen de Jubilaciones y Pensiones del Estado Dominicano para los funcionarios y Empleados Públicos”, sino que la misma es violada sistemáticamente hasta por el presidente de la República e ignorada por una gran parte de los organismos autónomos y descentralizados del Estado que se han dado sus propios regímenes de pensiones y jubilaciones, disponiendo abusivamente de los dineros de los contribuyentes y creando una situación de irritante privilegio.

 La inequidad fue puesta de manifiesto el jueves por el director general de Impuestos Internos, el ilustre Juan Hernández, quien señaló que con más de 20 años de servicio público, si le tocara pensionarse de acuerdo a la ley, quedaría con una asignación de 40 mil pesos mensuales.

 Ello así porque el párrafo del artículo 2 de la ley establece que “En ningún caso el monto de la Pensión será menor al sueldo mínimo nacional vigente, ni mayor a la cantidad que resulte de la suma de ocho de estos sueldos ni será gravado por ningún tipo de impuesto”. Como el salario mínimo del Estado es 5 mil pesos, el máximo a recibir, no importa los años de servicio, méritos acumulados ni el nivel salarial, sería 40 mil pesos mensuales.

 Eso cuando el empleado público logra que el Poder Ejecutivo otorgue la pensión solicitada, porque muchos han muerto sin conseguirla tras cumplir el mínimo de 20 años de servicio, en cuyo caso le corresponde sólo el 60 por ciento del promedio devengado en los últimos tres años. Sube hasta el 80 por ciento en tres escalones con mínimo de 25, 30 y 35 años de servicio. Por ejemplo entre los maestros siempre hay miles mendigando las pensiones a que tienen derecho y que por sus niveles salariales cuando las consiguen no alcanzan los 20 mil pesos.

 Pero resulta que funcionarios del mismo Estado, por el privilegio de la autonomía o la descentralización, se pensionan hasta con cientos de miles de pesos. Hace unos años hizo escándalo público que Leonardo Matos Berrido se hizo aprobar una pensión de 450 mil pesos mensuales cuando acababa de ser designado administrador del Banco Nacional de la Vivienda. Un consejo de directores subordinado le aprobó la pensión, heredable hasta dos años después de su muerte. En otros organismos estatales se dan pensiones superiores a ese monto, mientras la mayoría de los pensionados del Estado no alcanzan a 20 mil pesos mensuales.

 Por otro lado la inequidad es mucho mayor cuando se observa que sólo el presidente Leonel Fernández ha otorgado cientos de pensiones, con montos oscilantes entre 25 y 50 mil pesos a artistas, deportistas  y comunicadores, que en su mayoría no han trabajado para el Estado. En muchos casos se trata de personas ricas, en plena edad productiva. Es parte del reparto político del Estado que este país tiene que superar.

 Y mientras tanto, miles de antiguos trabajadores de otro órgano autónomo, el Consejo Estatal del Azúcar, dan pena clamando en las calles por una pensión de cinco mil pesos para la cual cotizaron, y se mueren de pena y pobreza frente a la burla de haber visto que en el reparto de la última campaña electoral el presidente Fernández dispuso pensionar a 1,057 “cañeros”  muchos de ellos propietarios de tierras y asociados políticos.

 ¡Ay, cuánto mérito acumularía Danilo Medina si le entrara como a la conga a tantos privilegios, inequidades e iniquidades. Sería ciertamente lo que nunca se ha hecho en esta tierra de María Santísima!