BOSTON
AP
Inmigrantes que viven en el país sin permiso de residencia y que han sido acusados de algún delito enfrentan un panorama incierto porque las autoridades de inmigración no les permiten ser procesados por temor a que se les niegue la oportunidad de deportarlos.
Defensores de los inmigrantes afirman que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (conocido como ICE, por sus siglas en inglés) está impidiendo sus procesos, generando caos y obligando a los fiscales a buscarle la vuelta a cada caso para poder llevar a los imputados delante de un juez.
Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, el ICE se ha enfocado específicamente en imputados que todavía no han sido hallados culpables, lo que representa un viro respecto a la política seguida por Barack Obama, que le apuntaba mayormente a los ya condenados, según dicen abogados. Activistas sostienen que el ICE a veces invoca los presuntos delitos de un inmigrante para impulsar su deportación pero luego no dejan que respondan a las acusaciones. «Hay una especia de guerra abierta entre el gobierno federal y los estados y las localidades», aseguró Muzaffar Bhishti, director de la oficina del Instituto de Políticas de Inmigración de la Facultad de Leyes de la Universidad de Nueva York. Si bien no está claro cuántos acusados no han podido presentarse ante los tribunales, se están presentando casos en todo el país, sobre todo en las así llamadas «ciudades y estados santuario», cuyas autoridades no cooperan con el servicio de inmigración. El ICE no lleva la cuenta de cuántos detenidos tienen pendientes procesos tras haber sido acusados.