Grupos de inmigrantes realizaron ayer una jornada de protesta para exigir que termine cuanto antes el bloqueo judicial a la acción ejecutiva del presidente Barack Obama, cuyos efectos habrían beneficiado desde este martes a casi cinco millones de indocumentados.

A lo largo del día, miles de activistas protagonizaron concentraciones y vigilias frente a edificios gubernamentales y protestas en más de 30 ciudades, en las que pidieron que se retire el apoyo a la demanda colectiva presentada por 26 estados -la mayoría republicanos- que acusan al presidente de abuso de su poder ejecutivo. La demanda de los estados ante un tribunal de Texas suspendió el programa de Acción Diferida para Padres de Ciudadanos o Residentes Permanentes (DAPA), que busca amparar a los padres de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente y que debía entrar en vigor este martes. También está suspendida la expansión de la Acción Diferida (DACA) para los “soñadores” (jóvenes indocumentados que llegaron siendo niños al país), mientras se determina su legalidad. Después de que el juez federal Andrew Hanen, de Texas, suspendiera cautelarmente la acción ejecutiva del presidente, la decisión está pendiente ahora del Tribunal de Apelación de Nueva Orleans, que podría inhibirse y dejar la cuestión en manos del Tribunal Supremo. Pero la incertidumbre judicial no aplaca las protestas de los inmigrantes.

En Birmingham, Alabama, miles de integrantes de la Coalición por la Justicia Inmigrante realizaron un “día de acción digital”, con llamadas telefónicas y mensajes al gobernador Robert Bentley y al procurador de justicia estatal, Luther Strange, para que retiren su apoyo a la demanda colectiva.

“El gobernador malgastó millones de dólares para defender su ley antiinmigrante en 2011 y demuestra que no aprendió la lección porque continúa atacando a la comunidad inmigrante de todas formas posibles”, declaró la directora ejecutiva de la coalición, Ingrid Chapman. Se estima que en Alabama las acciones ejecutivas de Obama podrían beneficiar a unos 25,000 inmigrantes. También la fiscal federal de Florida, Pam Bondi, apoyó una demanda “mal intencionada”, según declararon grupos proinmigrantes que exigieron ayer en Miami la restauración de la acción ejecutiva del mandatario. Según afirmaron, unos 250,000 residentes de Florida podrían haberse beneficiado de los programas bloqueados.

En Raleigh, Carolina del Norte, los manifestantes se concentraron frente a la mansión del gobernador Patrick McCrory para exigirle que no apoye la demanda, y que los funcionarios electos dejen de lado “los juegos políticos que afectan las vidas de las familias inmigrantes».