MADRID, (AFP) – Unos 600.000 inmigrantes con tres años de residencia en España podrían legalizar su situación en 2007 gracias a la figura del arraigo, completando el proceso que en 2005 regularizó a una cifra similar, y provocó críticas de sus socios europeos, según una asociación de abogados.

«A partir del año que viene, todos esos que se quedaron fuera pueden empezar a solicitar el arraigo porque cumplen tres años de residencia en España», afirmó el sábado a Radio Nacional de España (RNE) Luz Elena Jara, jurista de la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid.

Según esa entidad, entre 400.000 y 600.000 inmigrantes podrían regularizar su situación en España gracias a la figura del arraigo, contenida en el reglamento de la Ley de Extranjería vigente.

Esa nueva ola de regularizaciones completaría el proceso extraordinario que en 2005 lanzó el gobierno socialista español, permitiendo a 570.000 extranjeros que trabajaban clandestinamente legalizar su situación en España y obtener un permiso de residencia.

Para acogerse al arraigo, los inmigrantes deben reunir varios requisitos: llevar tres años de residencia en el país de forma ininterrumpida, carecer de antecedentes penales, no tener prohibida la entrada en España y contar en el momento de la solicitud con un contrato de trabajo de al menos un año.

También deben acreditar vínculos familiares con otros extranjeros residentes o presentar un informe del ayuntamiento que garantice su inserción social.

España, que en los últimos diez años se convirtió en país receptor de inmigrantes, acoge actualmente a unos 3,7 millones de extranjeros, de los cuales un millón proceden de América Latina.

Según diversas entidades, un millón de ellos estarían en la ilegalidad.

«Mucha gente quedó fuera del proceso de normalización y continuó viviendo en España», afirmó al diario El País la presidenta de la Asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui, Dora Aguirre, en cuya opinión, la cifra de 400.000 no es «exagerada en absoluto».

Aunque el gobierno socialista español aboga por una inmigración «legal y ordenada» desde el país de origen, e insiste en que los inmigrantes contribuyen en gran medida al crecimiento de la economía española, el pasado proceso de regularización le valió no pocas críticas de algunos de sus socios europeos.

«Cuando un país regulariza, regulariza para él pero también para todos los países del espacio Shengen. Cuando cualquiera es regularizado en España, tiene derecho a entrar en Francia», fustigaba en septiembre el ministro francés del Interior, Nicolás Sarkozy, candidato de la derecha a los comicios presidenciales de 2007.

Adelantándose a un periodo electoral que el año próximo se jugará en España en el terreno municipal y regional, el gobierno socialista difundió semanas atrás un informe en el cual afirma que los inmigrantes han contribuido hasta en 50% al crecimiento de la economía española (1,5% del 3,1% del Producto Interior Bruto entre 2001 y 2005).

«La realidad económica dista mucho de la percepción que pueda tenerse» a nivel social de los inmigrantes, advertía el responsable de ese informe, Miguel Sebastián, ex asesor económico de José Luis Rodríguez Zapatero, asegurando que a la «economía española todavía le queda mucho por crecer».