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NUEVA YORK. AP. Estrictas leyes migratorias impuestas en varios estados no han forzado la partida al extranjero de inmigrantes sin autorización para residir en Estados Unidos, según un estudio presentado ayer.
Decenas de hispanos han escogido trasladarse a otras ciudades, condados o estados debido a la aprobación de leyes migratorias que les perjudican, pero no han hecho las maletas y regresado a Latinoamérica, dijo Leah Muse-Orlinoff, estudiante de doctorado en sociología en la Universidad de California en San Diego y ex coordinadora de investigación del Programa de Migración Mexicana de la institución.
La falta de oportunidades en sus países de origen, los lazos que atan a muchos a sus lugares de establecimiento y los altos costes de un viaje de regreso a Estados Unidos son las principales razones por las cuales gran parte de los 11 millones de inmigrantes deciden quedarse aunque no tengan autorización para hacerlo, dijo Muse-Orlinoff, autora del reporte, presentado por la organización Center for American Progress.
Hay muy pocas pruebas, realmente no hay pruebas, de gente que decide regresar a México cuando sus localidades imponen duras leyes migratorias, señaló la experta durante una conferencia telefónica con periodistas. Hacerles la vida tan difícil que eso les forzará a marcharse es simplemente algo que no está ocurriendo. Mitt Romney, candidato republicano a la nominación presidencial, generó mucho debate recientemente al hablar del concepto de autodeportación para referirse a inmigrantes sin papeles que deciden regresar a su país de origen porque no encuentran trabajo en EU. Los expertos que presentaron el reporte llamado Quedándose, pero aún viviendo en las sombras calificaron la idea de poco realista.
Las claves
1. Duras leyes
Estados como Georgia, Alabama, Arizona u Oklahoma han aprobado duras leyes migratorias que promueven, entre otras cosas, la colaboración entre la policía local y las autoridades federales a la hora de identificar a inmigrantes sin papeles.
2. Analizan ley
La Corte Suprema analizará próximamente la constitucionalidad de la controvertida ley SB1070 de Arizona.
