El número de inmigrantes legales latinoamericanos en Estados Unidos que acceden a los servicios de salud pública y se inscriben en seguros médicos subsidiados por el gobierno ha bajado substancialmente desde la llegada a la presidencia de Donald Trump, muchos de ellos temiendo que su información sea usada para identificar y deportar a familiares que viven ilegalmente en el país, dicen activistas.
Trump basó su campaña en gran parte en promesas de frenar la inmigración ilegal y deportar a cualquier inmigrante que no tenga permiso de residencia.
Pero muchos residentes legales en Estados Unidos y ciudadanos estadounidenses están perdiendo acceso a atención médica como resultado, dicen los activistas estadounidenses. Después que Trump llegó a la Casa Blanca, «cada día, familias cancelaron» sus planes de Medicaid y «la gente realmente no buscó acceso a ninguno de nuestros programas», dijo Daniel Bouton, director en el Community Council, una organización sin fines de lucro en Dallas que se especializa en inscripciones en servicios de salud para familias de bajos ingresos.
La tendencia se estabilizó un poco a medida que avanzó el año, pero sigue siendo claro que el polarizado debate sobre inmigración está teniendo un efecto negativo en la participación hispana en los programas de salud, particularmente en la temporada de inscripciones que terminó en diciembre.
La organización ayudó a una empelada doméstica mexicana de 52 años, residente legal, a registrarse para el seguro médico federal por dos años. Pero ahora la mujer no tiene seguro, por temores a que las autoridades de inmigración usen su inscripción para localizar a su esposo, que está ilegalmente en el país.
Ella incluso pondera no inscribir a sus hijos, de 15 y 18 años, en el programa de seguro para niños, pese a que los dos nacieron en Estados Unidos.