La Asociación de Empresas Inmobiliarias (AEI) objetó el proyecto de ley que penaliza a los arrendatarios que retengan al Banco Agricola los depósitos de alquileres de inmuebles.

La entidad fundamentó su negativa en el argumento de que el depósito en el Bagrícola aumentaría el déficit de viviendas de alquiler  en el país,  que estimó como el más alto del mundo.

El presidente de la AEI, Pedro Dipp, invitado al Encuentro Económico de Hoy, opinó que ese anteproyecto de ley  “enlodará más” las  dificultades que según él existen en la legislación dominicana sobre alquileres.

Sugirió que los recursos por concepto de arrendamiento de inmuebles sean destinados a estimular el sector construcción.

El Banco Agrícola los destinaría a incrementar el crédito a la producción, se establece en el anteproyecto.

Ante esa disyuntiva, Dipp propuso que el depósito del dinero por adelantos de arrendamientos de inmuebles sea en el Banco Nacional de la Vivienda y la producción (BNV),  entre cuyas funciones figura  la de facilitar financiamientos para la construcción de viviendas.     

Se quejó de que se hable sólo de incentivo al sector agrícola y no haya un mismo interés en incentivar la construcción de viviendas, cuyo déficit ronda las 700 mil unidades, según estadísticas oficiales.

Consecuencias.   El empresario inmobiliario pronosticó que en el supuesto de que ese anteproyecto llegue a  ser convertido en ley, las dificultades materiales para acceder a una vivienda propia en la República Dominicana serían mayores, debido a la pérdida de la rentabilidad que atrae ahora a muchas personas a invertir en la banca inmobiliaria.   

Problemas sociales y económicos.  Según Pedro Dipp, esos serán sólo algunas de las dificultades que implicarían para el Estado una parálisis del sector inmobiliario. Agregó que eso representaría a su vez  una carga mayor para el sector público, que tendría que asumir esa actividad cuando la inversión privada en viviendas se detenga.

Riesgos.    A juicio del empresario, el Estado debe  tomar en cuenta los riegos de los capitales que son invertidos en la agricultura, y recordó que de manera frecuente el Banco Agrícola tiene que condonar deudas millonarias a muchos productores cuyas cosechas fracasaron.

El presidente de AEI recodó que ese riesgo a las inversiones es la razón por la que la banca privada rehúsa prestar a los productores agrícolas.

Consecuencias

A pesar de que se ha  negado que el anteproyecto de ley tenga carácter confiscatorio, de acuerdo a consultas hechas se cree que  una ley de este tipo impactaría negativamente las finanzas públicas, ya que al frenar la construcción el Gobierno dejaría de recibir ingresos por concepto de  impuestos que paga la industria, con la agravante de que contraería la economía y aumentaría el desempleo.