POR DIEGO PESQUEIRA
Los abogados que defienden a Ramón Báez Figueroa calificó de inquietante la «dilación» en concluir la auditoría que ordenó el Banco Central al intervenido Banco Intercontinental (BANINTER).

El doctor Marino Vinicio Castillo Rodríguez y los licenciados Juárez y Vinicio Castillo Semán dijeron que la auditoría demostrará «no sólo un rosario de graves crímenes económicos contra el Banco Central y el Estado, sino también que establecerán quiénes fueron los grandes beneficiarios de las facilidades crediticias en el período de fusión del Banco del Progreso con el BANINTER y como, en días, éste fue literalmente vaciado en sus ahorros».

El Banco del Progreso anunció que adquiriría al Baninter luego que se anunció que tenía graves problemas y fue puesto en liquidación en mayo de 2003, pero luego de unas semanas desistió de la fusión y dio marcha atrás a la operación.

Indicaron los abogados de Báez Figueroa, quien era presidente del Baninter al momento de la quiebra, que la auditoría fue requerida por acto de alguacil el miércoles 22 de junio pasado al gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu.

Sostienen que han pasado más de siete meses sin que se supiera nada de una auditoría que concierne «al uso ilegal y delictivo de decenas de miles de millones de pesos del Estado y a la liquidación fraudulenta de activos y cartera de créditos del BANINTER por decenas de miles de millones de pesos, que constituyeron un verdadero pillaje, por lo que debieron de estar bajo proceso criminal las anteriores autoridades monetarias y financieras».

Cuestionaron que el Banco Central revelará ahora que no se ha terminado la auditoría y que también se están auditando los montos, la legalidad y el uso de los créditos dados por esa institución al BANINTER.

«Sin embargo, sin que esto se haya producido, ya un juez de instrucción había cocinado al vapor una supuesta investigación sobre lo ocurrido y los abogados del Banco Central, que son los mismos contratados por las autoridades pasadas, cuyas actuaciones están siendo investigadas, han pedido a la Cámara de Calificación ratificar la obra del abuso y la arbitrariedad de Hipólito Mejía, Andy Dauhajre y José Lois Malkún, en contra de Ramón Báez Figueroa», alegaron.

Entienden que es obligación de todos vigilar cuanto concierna a los resultados de las auditorías contratadas, «sobremanera si se retiene que la firma beneficiada, a cargo de la investigación, ha sido muy cuestionada por instituciones oficiales y privadas, en grandes escándalos como el de Unión Fenosa y las Edes, cuya recompra fue negociada precisamente por el señor Andy Dauhajre hijo, uno de los principales autores intelectuales de la debacle financiera al que se refiere el Comité de Auditoría del Banco Central».

Sostienen que en cuanto se conozca un trabajo serio y profundo de lo ocurrido, es que el país y la justicia podrán establecer las casualidades de la debacle financiera.

«Se está en presencia, en todo caso, de urgencias de carácter criminal generalizadas, no ante un mero ejercicio académico con supuestos propósitos de rectificaciones idealizadas a cargo de mucha gente con techo de cristal, que han sabido azuzar desde las sombras todo el proceso de debacle», dijeron los abogados de Báez Figueroa.

Funcionarios del Baninter, entre ellos Báez Figueroa, están siendo juzgados por un supuesto fraude de US$5,000 millones en operaciones en que habrían utilizado doble contabilidad, según la acusación que les hizo Banco Central.