JACINTO GIMBERNAR PELLERANO
No hay mucho espacio para dudas. La mano política más furibunda, arrebada y vehemente del grupo que perdió el poder en las pasadas elecciones presidenciales tiene algún tipo de participación en el maremagnum delincuencial que nos abate. Me refiero a inducción y contratación de maleantes con experiencia militar o entrenamiento delictivo obtenido durante sus estancias en los Estados Unidos, donde fueron finalmente apresados, condenados y encarcelados.

Luego resulta que, con visión miope, las autoridades estadounidenses decidieron «economizar» sus gastos de mantenimiento de los dominicanos encarcelados que hayan cumplido un tercio de su condena y mandárnoslos para acá. No digo ni implico que todos estos deportados sean culpables y partícipes de esta ola de crimen que nos era desconocida, pero algo tienen que ver. Y, por supuesto, hay droga envuelta en el asunto. Era ingenuo pensar que en un país con tanta pobreza como el nuestro las drogas no iban a pasar de ser una mercancía en tránsito, por su costo. No se pensó en que los participantes en tales manejos iban a recibir dosis de estupefacientes como parte del pago por sus servicios asegurando, además, su anclamiento a este vicio terrible.

¿Quién que no tenga un entrenamiento en el manejo de armas, sea por carrera militar, policial (la diferencia me resbala) o delincuencial en inglés, puede hacer lo que estamos viendo y sufriendo en veloz incremento?

Lo más importante es saber quiénes pagan. A quiénes beneficia tal estado de cosas, con nombres y apellidos. Disponemos de diversos departamentos de Inteligencia militar y policial, más la función de expertos «free-lance», mercenarios del espionaje telefónico y cuerpo a cuerpo.

La República Dominicana no tiene la extensión de los Estados Unidos, donde es posible  pasar desapercibido, cometer crímenes y escapar a otro Estado de la Unión, cambiando de nombre y profesión. Tampoco ninguna ciudad nuestra es Nueva York, de la cual bien quisiéramos tener mucho de lo bueno y poco de lo malo. Aquí, por más que traten de ocultar culpabilidades nuestras entidades investigativas que me acongojan cuando disponen «una investigación exhaustiva, caiga quien caiga», en verdad todo se sabe. La gente de un tercio de isla como nuestra patria, se conoce, habla, y si calla es por temores bien fundamentados. Esto ha de tenerse en cuenta. ¿Qué sucedió con el robo a Vimenca? ¿Con el asesinato de un Senador de la República? Así con múltiples delitos. Ciertamente, cuando se designa una comisión investigadora, se me caen las alas del alma porque, que yo sepa, nunca se han divulgado los resultados ni castigado a culpable alguno.

Todo es una payasada.

Pero las cosas han ido muy lejos. Asaltantes vestidos de militares se llevan veinticinco millones de pesos. Un hijo del Presidente de la Cámara de Diputados es baleado en un aparente intento de robo. Los titulares de prensa nos informan de situaciones que espantan. El país, tan grato y seguro en otros tiempos para el ciudadano común, hoy asusta. Muchos conocidos y amigos me expresan sus miedos. Se está viviendo dentro de un inseguridad ciudadana insospechable. Y uno ve que cualquier tipo porta un pistolón y encima se encuentra con tiendas para la venta de armas, Armerías, que ofrecen facilidades de pago y simplificación de un dudoso papeleo que legaliza el porte de los instrumentos de muerte.

 Tengo vagos informes, de los cuales los Servicios de Seguridad del Estado deben tener certidumbres, acerca de los puntos donde se pueden comprar pistolas, revólveres, escopetas, municiones y hasta metralletas de asalto UZI. Dicen que las armas entran por Haití, que es un tráfico a la vista pública. ¿Qué pasa? ¿Habrá que cambiar todos los militares supuestos a custodiar la zona fronteriza como se hizo con los policías del Plan Piloto?

Si hay que hacerlo, que se haga.

Yo tengo una propuesta absurda si se quiere.

Durante la primera intervención militar estadounidense al país me contaban los viejos que ilustraban mi infancia los yanquis desarmaron la población colocando en puntos imprevisibles, «marines» que revisaban a todo caminante y lo despojaban del revólver que era, en aquellos tiempos, adminículo determinante de «hombría».

Ahora el arma de fuego perdió el carácter «caballeresco» y defensor de dignidades que una vez tuvo, para convertirse en instrumento de la arrogancia injustificada, del abuso y del crimen pagado.

En mis largos viajes nunca he visto ese armamentismo civil…ni militar, a menos que anduviese por el Cercano Oriente, especialmente Israel.

Procede idear alguna forma de eliminar el armamentismo nacional. Infortunadamente tengo la impresión de que militares y policías le temen a esos mal encarados personajes que muestran un arma de guerra asomándose desde el cinturón.

Creo que al Presidente Fernández le ha tocado el mandato más difícil de la historia republicana.

Tendrá que actuar en consecuencia.