Inseguridad ciudadana

Inseguridad ciudadana

Cinco personas fueron muertas  en diferentes sucesos de violencia delincuencial ocurridos  en las cuatro horas que mediaron entre las 10:00 de la noche del sábado y las 2:00 de la madrugada del domingo.

 El balance puede servir de termómetro sobre el estado de inseguridad ciudadana que vive el país. Según las versiones recogidas por las autoridades, cuatro de las personas fueron víctimas de asaltantes y una fue atacada a balazos por rencillas.

Investigadores policiales han dicho que acciones de este tipo son más frecuentes en fines de semana, y las asocian mayormente al consumo de bebidas alcohólicas y drogas.

Mejorar la seguridad ciudadana sigue siendo una asignatura pendiente para nuestras autoridades. Los asaltos a mano armada, secuestros expreso y homicidios están a la orden del día y mantienen atemorizada a la población.

La posesión y porte de armas se ha multiplicado en gran medida porque la gente no siente que las autoridades las estén protegiendo adecuadamente. Frente a una delincuencia bien armada y la falta de protección oficial, muchos ciudadanos han optado por adquirir armas legales para defenderse. Es evidente que se necesita más y mejores esfuerzos del Gobierno para mejorar la seguridad de los ciudadanos.

Morosidad oficial

Siempre que se habla de evasión del pago de la energía se piensa en la gente común que “se engancha” a las redes y no paga la energía usada. Se piensa también en usuarios de alto consumo del sector privado, que se las arreglan para no pagar por la electricidad. Pero hay un usuario de alto consumo del que no se habla o se habla muy poco y al que es muy difícil “cortarle” la luz. Las entidades del Gobierno componen ese usuario privilegiado.

Según la CDEEE, la factura de electricidad de las  instituciones públicas es, en promedio, de 380 millones de pesos por mes. Eso representa entre un 10 y un 12 por ciento de lo que se paga a los generadores por compra de energía. Esto permite tener una idea de lo que esta evasión representa para las finanzas de un sistema eléctrico de por sí atrofiado y endeble. El país tiene que abandonar esa cultura de no pagar por servicios tan vitales como la electricidad.

Publicaciones Relacionadas

Más leídas