La marcha hacia la atomización del territorio nacional avanzó un paso más, al aprobar el Senado, en primera lectura, un proyecto de ley que pretende fraccionar la provincia Santo Domingo para enclavar en la misma la que sería provincia Matías Ramón Mella.

Con este adefesio, que lejos de aportar soluciones creará nuevas dificultades, se pretende deshacer la metedura de pata que fue la creación misma de la provincia Santo Domingo.

El proyecto en cuestión está en manos de una comisión que deberá analizar sus implicaciones y emitir un informe que esperamos sea total y absolutamente desfavorable.

Lo deseable sería que dicha comisión se afane en demandar que sea sometido a su consideración el estudio socioeconómico y político, que dudamos exista, en que se ha basado la propuesta de crear una nueva provincia a partir de la subdivisión de la provincia Santo Domingo.

No es de extrañar que no haya tal estudio y que el afán de la división sea un arranque politiquero para crear nuevas plazas para diputaciones, una senaduría, síndicos, vicesíndicos, regidores, una gobernación con toda la burocracia que esto implica, así como autoridades judiciales.

Pero hay más que eso, pues están pendientes de sanción otras siete iniciativas de la misma catadura, que crearían las demarcaciones que compondrían la nueva provincia.

 -II-

Lo menos que se puede pedir es que una iniciativa como esta muera en una gaveta cualquiera del Senado y que se considere insensata la propuesta.

Tras crear Santo Domingo se provocó una serie de inconvenientes administrativos que todavía no han sido resueltos de manera satisfactoria.

Los gobiernos municipales dentro de esa provincia, salvo el del Distrito Nacional que ya existía, son entes débiles que enfrentan numerosos inconvenientes y no han alcanzado la funcionalidad que deberían tener.

El procedimiento para crear la provincia Santo Domingo violentó pautas tan elementales como las de límite geográfico. Recordemos que una de las referencias divisorias de esta provincia es nada menos que la avenida Luperón, que es una infraestructura susceptible de ser modificada, reubicada y hasta suprimida si las conveniencias así lo determinaran y que, por tanto, es una referencia contraindicada.

Nadie ha dado la mínima señal de que pueda resultar útil y práctico para los habitantes de estas demarcaciones el hecho de que se subdivida Santo Domingo para ubicar una nueva provincia.

 Lo menos que se puede pedir es que esta iniciativa se quede en la deplorable sanción aprobatoria de primera lectura y que a partir de ahí muera en el olvido.

A propósito, cuando se decida hacer una modificación seria y justificada de la Constitución, debería incluirse alguna pauta que haga el territorio nacional más integro y menos susceptible de ser atomizado a modo y antojo de los políticos y por mera politiquería.