CARACAS (AFP).- La guerra judicial por el referendo contra el presidente Hugo Chávez arreció este lunes en el Tribunal Supremo de Justicia, cuando la Sala Electoral reiteró su orden de validar 876 mil firmas objetadas que solicitan la consulta, provocando la inmediata reacción de la Sala Constitucional que declaró nulo ese fallo.

«Se ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) validar las firmas colocadas ‘bajo observación’ (…) que alcanzan 876.017, dentro del lapso de cinco días continuos siguientes a la notificación de la presente decisión», señala el fallo de la Sala Electoral de este lunes, que deja en firme una decisión similar provisional que había dado en marzo.

Pero tras conocer este nuevo fallo, la Sala Constitucional del TSJ falló, señalando que: «se declara nula cualquier decisión que en dichos expedientes se haya tomado por la Sala Electoral».

Ya en semanas anteriores, decisiones provisionales en torno a la consulta contra Chávez habían originado un conflicto de competencias entre las dos salas, que debe ser dirimida por la sala plena (los 20 magistrados del máximo tribunal).

De ser validadas las 876 mil firmas objetadas por las autoridades electorales, la oposición rebasaría el mínimo requerido de 2,43 millones de rúbricas para convocar el referendo revocatorio del mandato del presidente Chávez.

La nueva sentencia de la Sala Electoral se produjo en respuesta a una petición de líderes opositores, que solicitaron la nulidad de un reglamento mediante el cual el CNE decidió poner en observación esas firmas, separándolas de otro grupo de 1,83 millones de firmas aceptadas.

La polémica se centra en las 876.017 firmas, que se encuentran en planillas donde los datos de los votantes fueron rellenados por una misma caligrafía.

La Sala Electoral afirma en su sentencia de este lunes que la única manera de refutar las rúbricas es cuando varias son hechas por una misma persona, pero no por datos con caligrafía similar, por lo que anuló el reglamento del CNE.

Por su parte, la de la Sala Constitucional dice que es ella la que debe estudiar este caso, porque se debate una normativa que se desprende de la Constitución, y de allí que deja sin efecto las decisiones de la Sala Electoral.

La oposición se encuentra en una carrera contra el tiempo para concretar el referendo contra Chávez antes del 19 de agosto venidero, cuando el mandatario entra a su cuarto año de gobierno de los seis iniciados en el 2000, porque si después de esa fecha el mandatario pierda, gobernará hasta el 2006 el vicepresidente.

El diputado y constitucionalista opositor Gerardo Blyde, del derechista partido Primero Justicia, aseveró en declaraciones por televisión que la orden de la Sala Electoral del TSJ «fijan plazos» y que los directivos del CNE deben acatar esta orden.

Blyde sostuvo que el conflicto de competencias entre la Sala Electoral y la Constitucional «no paraliza el cumplimiento de las sentencias firmes».

Su postura fue respaldada poco después por el diputado socialdemócrata Timoteo Zambrano, del partido Acción Democrática, quien funge como coordinador de los asuntos internacionales de la alianza opositora Coordinadora Democrática. De lado oficialista no hubo reacción en lo inmediato.