La Fundación Institucionalidad y Justicia  consideró ayer que sin un Tribunal Constitucional la reforma en marcha quedaría trunca, porque  carecería de un mecanismo adecuado que permita a la ciudadanía forzar a los poderes públicos a cumplir sus responsabilidades de respeto, garantía y tutela de los derechos fundamentales.

El jurista Eduardo Jorge Prats afirmó que los recursos de casación duran entre  ocho a diez años en la Suprema Corte de Justicia donde además existen 200 acciones de inconstitucionalidad sin fallar, lo que  evidencia  que tiene que crearse un órgano especial que descongestione  ese  máximo tribunal.

“Aquí tenemos  la paz de los cementerios, la Suprema Corte de Justicia tiene 200 acciones de inconstitucional sin fallar, el día que las falle va a haber no un choque de trenes, sino de cometas”, expresó Jorge Prats.

Señaló que se necesita una ley de procedimiento constitucional o aumentar la matrícula de los jueces de la Suprema  para enfrentar la mora en casación civil, laboral y de tierras que  impera en ese alto tribunal.

En vano

Jorge Prats sostuvo que los esfuerzos de consolidar un Estado de derecho con un catálogo amplio de derechos fundamentales, a través de una nueva Constitución, serán en vano si se carece de una jurisdicción privilegiada.

“Todos esos derechos van a ser letra muerta, simple pedazo de papel si carecemos de una jurisdicción constitucional especializada, ya sea en forma de sala o tribunal”, expresó.

Puso como ejemplo que recientemente la SCJ falló  que los tratados de derechos humanos estaban por debajo de la Constitución y que el recurso de apelación era inconstitucional, sentencias que obligan a acudir ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos porque en el país no existe un tribunal de garantías constitucionales  donde acudir.

“Si no hay una jurisdicción especial esta es una Constitución sin dientes”, sentenció Jorge Prats al participar en el programa Telematutino 11 de Telesistema.

Consideró que los beneficios judiciales logrados a partir del 1994, como el que un ciudadano común podría elevar un recurso de inconstitucionalidad,  se perdieron con la no conformación de un  tribunal especial.

Esperanzas,  Albergó la esperanza  que en la segunda lectura de la reforma  se establezca un tribunal constitucional.

Apuntó que todas  las reformas constitucionales crean tribunales especiales y citó los casos de México y Argentina donde se han creado instituciones descentralizada para resguardar los derechos.

Jorge Prats señaló que si han asumido reformas en los poderes Legislativo y Ejecutivo, por qué no puede hacerse lo mismo en el Judicial, ya que no se trata de desarticularlo,  sino de fortalecerlo.

Ley de partidos políticos

En otro orden, se refirió al proyecto de ley de partidos políticos  como una pieza importante que fortalecerá la democracia interna de las organizaciones.

Destacó que con relación al mismo existe un compromiso y un acuerdo entre los partidos Revolucionario Dominicano  y de la Liberación Dominicana para echar el proyecto hacia  adelante, por lo que espera sea aprobado cuando antes.

ZOOM

Código del Menor

Contrario a las voces que han planteado una reforma del Código del Menor y del Procesal Penal  en vista del auge de hechos delictivos cometidos por menores, Jorge Prats, se muestra contrario a esos planteamientos porque entiende que el problema de la delincuencia no es  la ley, sino de falta de políticas integrales que atiendan a los jóvenes y a los agentes de  la Policía Nacional, quienes enfrentan carencias y dificultades que son fácil de atender como oportunidades educativas, deportivas, de empleo y mejora salarial. Recuerda que el actual  Código Procesal  permitió salir de más de 250,000 casos.

Finjus insiste en respaldar sala

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró ayer que sin un Tribunal Constitucional, la reforma en marcha quedaría trunca, porque  carecería de un mecanismo adecuado que permita a la ciudadanía canalizar las expectativas contenidas en los derechos, para forzar a los poderes públicos a cumplir sus responsabilidades de respeto, garantía y tutela de los derechos fundamentales.

Explica que, sin lugar a dudas,  esa jurisdicción tendría un costo económico adicional para el Estado  empero, precisa, que  el funcionamiento de la democracia y del Estado de derecho “no son gratis”.

En un documento  la Finjus señala que negar a los dominicanos  un mecanismo de tutela de sus derechos fundamentales aduciendo limitaciones económicas, es inaceptable para un Estado que cuenta con una gran burocracia administrativa, que financia la actividad de los partidos políticos y dispone recursos en beneficio de organizaciones privadas.

En cuanto a la funcionalidad del  Tribunal Constitucional la Finjus opina que, contrario a la opinión de que el mismo estará sin funciones,   en el país no debe sólo conocer de la constitucionalidad o no de las leyes a través del control concentrado, sino que  debe  revisar, como hace la Corte Constitucional de Colombia, los amparos que conozcan las jurisdicciones ordinarias para generar una doctrina constitucional que irradie el control difuso.

Señala que para instalar esa jurisdicción lo importante no es el número de jueces que la compongan sino las competencias de los mismos y su determinación de garantizar los derechos fundamentales.