POR DOMINGO ABREU COLLADO
Me dijeron, porque no estuve, que el presidente de la República, doctor Leonel Fernández, acogió de buen ánimo la propuesta de Constitución presentada por José Almonte, Yocasta Valenzuela y Luis Carvajal, en representación del movimiento ambiental dominicano.

El encuentro, que había estado programado para el miércoles 10 de enero en la mañana, fue celebrado el martes 9 en la tarde, e imagino que buena parte del activismo ambientalista se lo perdió. Pero con todo y eso creemos que estuvo bien representado.

Hace algunos meses escribimos en este mismo medio en torno a las características de una nueva Constitución para la nación dominicana, con la preocupación de que la República se diera otra constitución que dejara de lado las causas naturales que originaron el país, la nación, el pueblo y la patria que componemos.

En la Constitución todavía vigente solamente se menciona el territorio que ocupamos en un párrafo inicial, para luego olvidarse de los siguientes datos.

1. La población que habita sobre el territorio de lo que hoy es la República Dominicana, para la que se preparó su Constitución, existe gracias a la presencia de recursos como suelo (tierras productivas), agua (cientos de ríos y lagunas), vegetación (varios miles de kilómetros cuadrados al principio), lluvia (varios bosque lluviosos y medio lluviosos en todo el territorio), recursos pesqueros (en ríos, lagunas y el mar) y recursos de fauna terrestre. Sin esos recursos no hubiera habido forma de habitar en las dos repúblicas que se desarrollaron sobre la Isla de Santo Domingo o Hispaniola.

2. Las primeras propuestas de desarrollo económico en la Isla no hubieran tenido sostenimiento sin la existencia de suelos para el cacao, café, caña de azúcar, añil, la producción ganadera y la subsecuente exportación de cueros, sebo y otros productos.

3. La economía maderera, muy insostenible en sus inicios por lo inapropiado del uso de nuestros bosques, no hubiera sido posible sin la presencia de extensos bosques de pinos y otras maderas, incluyendo la caoba y otras maderas preciosas.

4. Los actuales proyectos de desarrollo económico, entre los que se incluyen recursos naturales como la caliza, el mármol, la bauxita, el oro, la plata, el ferroniquel y otros minerales, no fueran posibles sin la existencia de esas minas.

5. Hasta la construcción ha tenido como base fundamental recursos naturales como la madera, la minería no metálica y la extracción de áridos de ríos.

De manera que somos lo que somos gracias a unos recursos de la naturaleza que la Constitución de la República ignora, cosa que no puede seguir ocurriendo, por una razón fundamental. Si una nueva Constitución no garantiza la seguridad de esos recursos, la base de la existencia de la población y nación para la que se escribe esa constitución desaparecerá, y con ella desapareceríamos también como nación, pasando entonces probablemente a ser una especie de superficie estéril con costas que fueron playas y que ya no serían útiles siquiera para la última propuesta económica en la que actualmente se insiste: el turismo.

La permanencia de una constitución

Una constitución no puede ser pasajera, sujeta a las demandas del presente y a los intereses económicos y políticos de los partidos litigantes. Y hay que llamarles litigantes porque en sus respectivas propuestas no hay más que litigio, lucha por la satisfacción de sus propios intereses, nunca a favor de la Nación o del Estado, y menos a favor de la Patria.

La constitución debe prever acciones de largo alcance, de visión futurista para el país y la nación, de otra manera estará expuesta a supuestas «necesidades de reformas» que la transformarán en un instrumento del poder, como ha estado sucediendo hasta nuestros días.

En estos precisos momentos se realizan conciliábulos en decenas de grupos y partidos políticos para tratar de influir en la modificación de la Constitución y obtener al final un documento que les sirva a sus intereses particulares.

Para el movimiento ambiental dominicano la Constitución tiene que garantizar la permanencia de la República garantizando primero la permanencia de sus recursos naturales. Por esa razón la propuesta de Constitución presentada por un grupo comisionado del movimiento ambientalista se inicia con el siguiente párrafo:

«Artículo 3.- (Párrafo II) La República Dominicana reconoce y aplica las normas del Derecho Internacional general y americano en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado y se pronuncia en favor de la solidaridad económica de los países de América y apoyará toda iniciativa que propenda al desarrollo sostenible y a  la defensa de sus recursos naturales, productos básicos y materias primas».

Una nueva sección en la Constitución

Artículo 11.- Para garantizar los derechos colectivos y ambientales del pueblo dominicano se establecen las siguientes normas:

1. El derecho a un medio ambiente sano. Toda  persona  tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano. El Estado garantizará la utilización sostenible de los recursos naturales, la preservación del patrimonio natural y de la diversidad biológica y el derecho de los habitantes de la República a participar en la gestión ambiental y en el uso sostenible de los recursos naturales.

2. Los bienes de uso público, las áreas naturales protegidas, las tierras comunales, el patrimonio arqueológico de la Nación y demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargable.

3. Toda persona tiene derecho a disponer de bienes y  servicios públicos y privados de óptima calidad; a elegirlos con libertad, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y característica.

4. Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos.

5. El Estado regulará el ingreso al país y la salida de él de los recursos genéticos, y su utilización, de acuerdo con el interés nacional.

6. Toda persona tiene derecho a ser informada veraz, oportuna y suficientemente sobre las cuestiones vinculadas con la protección del medio ambiente, así como formular peticiones y promover iniciativas de carácter individual o colectivo, ante las autoridades competentes que se relacionan con dicha protección.

7. El Estado garantizará el derecho de los habitantes de la República a participar en la gestión ambiental y en el manejo racional de los recursos naturales. La ley reglamentara el disfrute de este derecho.

8. Es deber de Estado velar por la protección de la integridad de espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las Instituciones públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común.

9. La ley regulará las acciones comunitarias para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, la moral administrativa, los recursos naturales y el medio ambiente. También regulará las acciones comunitarias en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares.

No a la importación de delfines

La Sociedad Dominicana para la Prevención de Crueldad a los Animales (SODOPRECA) denuncia la intención del parque acuático «Ocean World», de Puerto Plata, de importar 12 delfines provenientes de Japón, provenientes –según SODOPRECA- «de la tradicional matanza que se realiza en Taiji».

Dicha organización está llamando a todas las organizaciones ecologistas, ambientalistas, conservacionistas y solidarias con el respeto a los animales, a organizar una protesta en la embajada dominicana en Washington y otra protesta en Santo Domingo, simultáneamente, con el objetivo de solicitar que no se le expida a «Ocean World» el permiso para importar esos delfines.

Hace dos meses, la Asamblea Nacional Ambiental, ANA, realizó una protesta frente al delfinario de Manatí Park, en Bávaro, condenando el maltrato a los delfines y solidarizándose con la actitud de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales de negarle el permiso de importación de delfines a esa compañía.

A su debido tiempo, la Sociedad Dominicana para la Prevención de Crueldad a los Animales fijará la fecha de la actividad de protesta para solicitar de la Secretaría de Medio Ambiente su negativa a la importación de delfines para «Ocean World», de Puerto Plata.