Juan María Ramírez 
Rueda de prensa para denunciar robo área protegida. Hoy/ Arlenis Castillo/ 17/01/24
Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas define fraude inmobiliario como el más grande en historia de RD; accionan junto a Medio Ambiente y PGR
En un hecho sin precedente una alegada mafia pretende cometer lo que se considera el fraude inmobiliario multimillonario más grande en la historia contra el Estado de República Dominicana, tras el alegato de que el 70% del terreno del Parque Nacional Sierra de Bahoruco es de su propiedad.
La advertencia es de la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, que alerta sobre un mecanismo de fraude que involucra miles de millones de pesos contra el Estado, y con ello al patrimonio de toda la ciudadanía, mediante reclamos sospechosos ante los tribunales del pago de múltiples indemnizaciones por la supuesta expropiación de terrenos en áreas protegidas.
Los alegados propietarios de siete porciones de terreno de más de 184 millones de metros cuadrados, amparados en la razón social “DC International SRL” y su representante Tomás Rosendo Dantes-Castillo Soto, reclaman un pago del Estado por miles de millones de pesos.
Lo peor del asunto, afirma la entidad en rueda de prensa, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) es que los integrantes de la alegada mafia ya han obtenido dos sentencias a su favor por parte del Tribunal Superior Administrativo (TSA).
Tribunal, explica, que incumplió la Ley sobre Areas Protegidas, al no hacer público el proceso, ni convocar a demandados.
No obstante, recurre en tercería ante el propio TSA y confía en que jueces y autoridades se comprometan a proteger el patrimonio de todos los dominicanos, el que será defendido a como dé lugar.
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La Coalición explica que en la actualidad empresas y personas particulares reclaman la propiedad de al menos el 70% del Parque Nacional Sierra de Bahoruco mediante “demandas en justiprecio” sobre terrenos que realmente son propiedad del Estado.
“Es decir, que mediante maniobras jurídicas cuestionables pretenden el cobro de indemnizaciones reclamadas al Estado dominicano por la supuesta expropiación de un inmueble, en este caso, ante la declaratoria de un área protegida”, indicaron.
Representantes de la Coalición sostuvieron que aunque la Ley Sectorial de Áreas Protegidas, 202-04 contempla la justa compensación de propietarios legítimos previos a su declaratoria de utilidad pública, en esta modalidad, que involucra a escandalosas cifras de miles de millones de pesos, los reclamos se están haciendo sobre porciones de terrenos sin un derecho de propiedad depurado.
Interponen demandas
Al menos siete demandas en justiprecio han sido interpuestas en los tribunales, encausando al Estado dominicano a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por dos personas que reclaman ser los propietarios de casi el 70% de los 1,100 kilómetros cuadrados que conforman el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, en las provincias de Pedernales e Independencia.
Ganancias de causas
La coalición lamenta el hecho de que los demandantes ya han obtenido al menos dos sentencias a su favor emitidas por el TSA: una por 590 millones de pesos (núm. 0030-04-2023-SSEN-00088, dictada el 16 de febrero de 2023) y otra por 676 millones de pesos (núm. 0030-02-2023 SSEN-00343, dictada el 30 de junio de 2023).
La Coalición decidió tomar acción en el tema ante la sospecha de que estas sentencias han sido obtenidas a base de documentación de procedencia cuestionable y de que los jueces del tribunal actuante cometieron inobservancias elementales, como el hecho de que las leyes ambientales son muy claras sobre los procesos de expropiación, cuando se trata de terrenos en áreas protegidas.
“Algunas agrupaciones miembros de nuestra Coalición han decido recurrir en tercería ante el TSA, en procura de impedir que el Estado dominicano resulte estafado por cifras tan escandalosas, lo cual sentaría un precedente funesto y una jurisprudencia que podría poner en riesgo una buena parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”.
Autoridades accionan
Resaltan que el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio Público, a través de diligencias de la propia Procuraduría General de la República, han encaminado acciones legales necesarias para enfrentar este monumental intento de estafa.
“Sin embargo, entendemos oportuno que tanto estas instituciones como los organismos de control del sistema de justicia, profundicen la investigación y procesen penalmente a los responsables de este esquema, presumiblemente mafioso, que ya tiene varios precedentes en el pasado reciente y que necesariamente deberían llevar a sanciones penales”, indicaron los denunciantes.
Uno de los involucrados intentó conseguir el pago por parte del Estado en 2009 por supuestos derechos adquiridos en el Parque Nacional Cotubanamá.
