El inspector general del Ministerio Público, Juan Medina, solicitó ayer la suspensión del fiscalizador de San Francisco de Macorís Engels Polanco Henríquez, y del procurador de corte de Montecristi, Antonio Báez Tapia, por alegadamente incurrir en “faltas graves” y “muy graves” en el ejercicio de sus funciones.

En comunicación dirigida al Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP), que preside la procuradora general Miriam Germán Brito, cuestiona a Polanco Henríquez por aceptar que a Eusebio Rosario Hernández (Eddy), acusado junto a un hijo menor de edad, de la muerte de Carmen Paulino Gabriel (Rafelina), se le variara la prisión preventiva por una garantía económica, inobservando el artículo 241 del Código Procesal Penal.

Refirió que el 22 de febrero el fiscalizador se opuso al cese de la prisión preventiva que cumplía el imputado, al argumentar insuficientes los presupuestos presentados por la defensa, para garantizar su no sustracción el proceso.

Agregó que, sin embargo, el 18 de este mes “varió su criterio ante el conocimiento de una revisión de medida de coerción oficiosa, en la que tampoco se presentaron presupuestos que garantizaran la presencia del imputado a los demás actos del proceso”.

Puede leer: Acuerdan garantía económica a acusado de dar 297 puñaladas a mujer

El inspector Medina de los Santos señala, además, que el caso no se acogía al artículo 241 del Código Procesal Penal, sobre el cese de la prisión preventiva.

Sobre ese particular, indicó que el plazo de 12 meses para la prisión preventiva no había llegado a su término, sino que se cumplía el 07 de junio, “por lo que no se justifica que sea el fiscal que solicite la variación de la medida de coerción, por el vencimiento de un plazo que todavía no había vencido, máxime en un caso con una gravedad tal como el que nos ocupa”.

Respecto del procurador Báez Tapia, indica que incurrió en violación de la Ley Orgánica del MP, 133-11, al “descuidar el expediente y el proceso seguido contra la exfiscalizadora Carmen Lisset Núñez”, acusada junto a cuatro agentes de la DNCD de “plantar droga” en una barbería, a favor de quienes retiró los cargos.