Como un cuerpo “desacreditado” y carente de credibilidad para acusar a nadie calificó el departamento de Inspectoría Judicial de la Suprema Corte de Justicia al Ministerio Público de San Cristóbal, en un informe rendido sobre las actuaciones de la jueza de Instrucción Regina Carvajal Vizcaino, de esa provincia.

Las conclusiones están fundamentadas en las explicaciones dadas por abogados, fiscales y  la propia magistrada, quien asegura que miembros del Ministerio Público tienen alianza con sectores oscuros de la sociedad y de manera intencional presentan expedientes mal instrumentados con el fin de que no pasen de la fase de instrucción.

Carvajal fue investigada tras una denuncia hecha por el senador de esa provincia, Tommy Galán, y sustentada por el procurador de la Corte de Apelación Jesús Fernández Vélez, sobre supuestas actuaciones benignas que tiene  con personas acusadas de narcotráfico.

Complicidad.  La jueza explicó al inspector Martires Familia que la complicidad entre fiscales y delincuentes ‘es un secreto a voces’ y comprobable en los expedientes que instrumentan a los imputados.

“Disimulan tan poco, que varias veces los han visto reunidos con familiares y abogados de imputados, en lugares estratégicos, propios de personas que están actuando al margen de lo que debe ser su misión: velar por una sana aplicación de justicia”, precisa Carvajal.

Asegura que en plenas audiencias se les ve cambiando actas.

El negocio. Carvajal dijo que antes de elaborar la acusación, los fiscales apoderados hablan con el propietario del punto de drogas y no se molestan ni siquiera en solicitar órdenes de allanamiento para penetrar a un domicilio, “a sabiendas de que persigue a una persona que vende, distribuye y comercializa drogas, porque si respeta el proceso esa persona podría ir a juicio”.

Explicó que desde hace un tiempo comprendió “el negocio del Ministerio Público” y desde entonces ordena apertura a juicio de todo lo que se trata de materia de drogas. Una de las decisiones criticadas a la jueza Carvajal fue la primera puesta en libertad de Pedro Alejandro Castillo Paniagua, acusado de la muerte de Justo Arellano (Waikiki) y en ese sentido dijo que lo hizo porque presentó garantías y la parte civil solicitó que le fuera variada la prisión preventiva.

Culpan a jueces.  El informe consideró que las quejas sobre la jueza Carvajal se enmarcan en un fenómeno que se viene dando a nivel nacional de que el Ministerio Público no cumple con su rol “y algunos, para quedar bien con sus superiores” recurren a la artimaña de echarle la culpa al juez. 

Las claves

Críticas a  jueza

En una comunicación enviada a la Inspectoría Judicial, el magistrado Vélez presentó   resoluciones de cambio  de prisión  por garantía económica en diversos casos de narcotráfico que, luego, fueron justificadas por la jueza. En esa ocasión dijo que Carvajal avergonzaba a la comunidad jurídica con sus actuaciones ‘indecorosas’.

 Sobre el informe

Vélez dijo que no conocía el informe y que por ello no podía opinar, empero defendió la unidad del Ministerio Público y dijo que fue quien recomendó al actual fiscal Faustino Pulinario.