En el sistema eléctrico nacional es necesario despolitizar los procesos de la toma de decisiones en todos los niveles, así como redefinir y separar las funciones de las instituciones reguladoras en el sector y hacer sus operaciones más transparentes.

Así lo afirma un informe realizado por Economist Intelligence Unit (EIU), el departamento de investigación del Grupo The Economist.
El estudio detalla además que se requieren medidas como reorganizar las empresas estatales de electricidad y renovar sus estructuras de administración y decidir sobre el papel apropiado del

Estado versus el mercado en el sector energético. El informe titulado «El Futuro del Sector Eléctrico en la República Dominicana», fue elaborado por un panel de expertos nacionales e internacionales que se reunieron en Santo Domingo el 24 de marzo de 2015 en un foro moderado por la EIU y la colaboración de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).

El análisis fue entregado al Consejo Económico y Social (CES) en el marco del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico.

El estudio de 54 páginas ofrece una serie de recomendaciones de políticas específicas y lineamientos diseñados para solucionar cada problema, en busca de iniciar el proceso de colocación del sector de la electricidad en una trayectoria sostenible a largo plazo.

También la firma recomienda preparar un plan para satisfacer la necesidades de inversión a largo plazo del sector de distribución; abordar la falta de pago y las pérdidas de electricidad y sus causas y decidir sobre el papel apropiado del estado versus el mercado en el sector energético.

Además llama a aplicar un esquema de tarifa que refleje con mayor precisión los costos reales de generación, transmisión y distribución protegiendo a los sectores más pobres de la sociedad.

Así mismo el informe aboga por una evaluación de la matriz energética apropiada para diversificarla más allá del petróleo y a formular un programa nacional de eficiencia energética y de ahorro de energía.

Economist Intelligence Unit resalta que las recomendaciones fueron desarrolladas dentro de un plan de datos generales que permite la planificación y la toma de decisiones en el período previo a la inauguración de un nuevo gobierno en agosto del 2016.

Destaca que la implementación de este plan puede comenzar rápidamente.