El economista y experto en comercio internacional, José Rivas Tavárez abogó porque se retiren los artículos 393 y 394 del proyecto de Ley General de Aduanas porque serían discriminatorios y violarían disposiciones constitucionales, además de que resultarían contradictorios con acuerdos internacionales en cuanto a directrices sobre regímenes aduaneros y facilitación de comercio.

Expreso que estos artículos además son contrarios a los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), en la que está claramente planteado ampliar la figura de los Centros Logísticos como mecanismo de apertura hacia el exterior de la economía nacional.

Estos artículos afectan a las industrias y usuarios que utilizan azúcar y sus derivados como insumos e impediría a las empresas de zonas francas venderse entre sí productos endulzantes y venderlo en el mercado local pagando sus impuestos, amparadas en lo que está establecido en la legislación que regula ese sector.

El artículo 393 afecta las operaciones de los centros logísticos e impide la utilización de regímenes de internamiento aduanal que anteriormente eran permitidos para dichos productos, y el artículo 394 implica una modificación unilateral de los compromisos asumidos por el país en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Rivas Tavárez explicó que los temas planteados en los artículos 393 y 394 no son materia de la ley de aduanas, ya que esas preocupaciones debieran ser contempladas en la Comisión de Asuntos Arancelarios instituida en la Ley 146-00 que en su artículo cinco le otorga la capacidad de recomendar los ajustes en los gravámenes, de acuerdo con el desempeño de la economía nacional y los acuerdos de libre comercio en los que participa el país.

Indicó que estos artículos, además de violar los preceptos constitucionales y los acuerdos internacionales, el aprobar el artículo 394 tendría derivaciones económicas directas en los precios internos del azúcar, al favorecer empresas monopólicas que controlan ese mercado, promotoras de esa deformación del proyecto de ley.

Además estos artículos terminarían incidiendo de manera negativa en los costos de producción de industrias medianas y pequeñas que utilizan ese insumo, y en el consumo general de la población que terminaría pagando precios elevados para adquirir ese producto.