Un llamado a las autoridades para que no cedan a los intereses particulares que buscan posponer sin fecha fija la aplicación de la estrategia de Atención Primaria fue formulado por la Fundación Progreso, Salud y Seguridad Social, por el perjuicio que esto provoca a muchas familias de escasos recursos.
En un comunicado dirigido a las autoridades del Sistema de Seguridad Social y a la opinión pública en general, la entidad advierte que esa posposición es impulsada por sectores que temen ver reducidos sus ingresos, “sin tomar en cuenta la afectación que este retraso genera a los ciudadanos más pobres y necesitados”. Con tal argumento y abogando por un mecanismo eficaz para materializar el derecho a la salud, pide a esas autoridades asumir “su propia legalidad y responsabilidad, poniendo en marcha sin mayores dilaciones la estrategia de atención primaria.

En ese sentido, la fundación califica de inaceptable la declaración del ministro de Trabajo y presidente del Consejo de la Seguridad Social, de que la aplicación de los protocolos presentados con grandes retrasos por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales no podrían ser aplicados en el próximo año.
Expresa su desacuerdo con el argumento de que esa supuesta imposibilidad se debe a que esto implicaría un aumento del per cápita de RD$150.00 por afiliado.

Indica, además, que de esta manera quedaría pendiente la entrada del primer nivel de atención sin fecha, con lo que “se agrava el retraso de más de tres lustros, manteniendo una lamentable violación a la Ley 87-01 promovida por las personas llamadas a aplicarla”.

“Lo que resulta más llamativo es que la razón expuesta para la no aplicación es el supuesto aumento del per cápita, obviando el honorable ministro que cerca del 80% de los problemas de salud pueden ser resueltos en el primer nivel de atención”, sostiene.

La fundación afirma que el planteamiento hecho por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales implicaba la existencia de copagos para los 198 procedimientos, 151 medicamentos y 34 vacunas a ser cubiertos en favor de los afiliados al sistema.

Precisa que eso vendría en términos prácticos a reducir drásticamente los gastos de bolsillo que los hogares dominicanos dedican a las atenciones médicas, los cuales superan el 40% de los gastos de salud de las familias.

En consecuencia, apunta que por tal razón “es risible el argumento del ministro, el cual incurre en el tan temido populismo que bajo el alegato de proteger a los más pobres y necesitados termina afectándolos”.