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ESTRASBURGO, Francia (AFP).- Los Estados europeos deben tomar medidas para evitar verse implicados en el futuro en escándalos como el de los vuelos clandestinos de la CIA con supuestos terroristas a bordo, una operación en la que podrían haber participado servicios de inteligencia nacionales, instó ayer, martes, el Consejo de Europa.
Según el parlamentario suizo Dick Marty, encargado de investigar las actividades ilícitas de la agencia estadounidense en este continente, agentes de servicios de inteligencia nacionales colaboraron en Europa con la CIA entregándole sospechosos de terrorismo.
«Agentes de servicios nacionales colaboraron en la entrega y transporte de sospechosos de terrorismo. Está demostrado», declaró Marty en Estrasburgo, sede del Consejo de Europa, durante una asamblea parlamentaria consagrada al estudio de este informe, presentado el 7 de junio.
En esta reunión la Asamblea aprobó un texto en el que subraya la necesidad de poseer instrumentos más eficaces para luchar contra la amenaza terrorista, en el respeto de las normas de protección de los derechos humanos.
«Debemos tener un orden jurídico mundial con nuestros amigos y aliados de Estados Unidos, pero éste debe apoyarse en los valores aceptados normalmente por el Consejo de Europa», aseguró Marty.Según los autores de este informe los servicios secretos de cada país son un sujeto sensible y es necesario precisar de forma exacta los límites que deben ser respetados por sus miembros.
La resolución aprobada por la Asamblea insta además a los Estados a reexaminar sus acuerdos bilaterales con Estados Unidos, sobre todo los que se refieren a la situación de las fuerzas estadounidenses destacadas en Europa y al uso de las infraestructuras militares y otras.
El texto constata que Estados Unidos ha tejido una «telaraña en la que cientos de personas, muchas de ellas simples sospechosas, se ven atrapadas».
«Algunos países ayudaron conscientemente a Estados Unidos a llevar a cabo estas operaciones ilegales y otros las toleraron o simplemente cerraron los ojos. Se desplegaron muchos esfuerzos para que estas operaciones fueran mantenidas en secreto», según el texto.
El resultado de la investigación de Marty implicó a 14 países europeos, entre ellos España, a los que acusó de colaborar con la CIA o tolerar el traslado por vía aérea de presuntos terroristas.
En el caso de Polonia y Rumania, el parlamentario llegó a afirmar que ambos países tuvieron centros de detención clandestinos en su territorio.
Concretamente, su informe señala, por «violaciones de los derechos de la persona» durante traslados ilegales, a siete países: Suecia, Bosnia-Herzegovina, Gran Bretaña, Italia, Macedonia, Alemania y Turquía.
Otros siete (Polonia, Rumania, España, Chipre, Irlanda, Portugal y Grecia) son responsabilizados de colusión -activa o pasiva- en materia de detenciones secretas y de traslados interestatales ilegales.
Según Marty un agente italiano podría estar incluso implicado en el secuestro, en febrero del 2003, de un ex predicador de una mezquita de Milán, conocido por el nombre de Abu Omar, que fue trasladado a Egipto y afirma haber sido torturado.
El parlamentario recordó además, que el ministro bosnio de Relaciones Exteriores, Mladen Ivanic, reconoció que en 2002 entregó a Estados Unidos, pasando por alto los procesos legales, a seis personas de origen argelino, actualmente detenidas en la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba.
El vicepresidente de la Comisión Europea, Franco Frattini, declaró que el trabajo de esta comisión iba a continuar al menos otros seis meses.
Por su parte, cuatro Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional, la Asociación para la previsión de la tortura y la Comisión Internacional de Juristas pidieron a los Estados europeos que investiguen de forma independiente lo ocurrido y reformen la legislación sobre bases militares para que la situación no vuelva a producirse.
