POR ODALIS MEJIA
El director del Programa de Derechos Sociales de la Comisión Internacional de Juristas con asiento en Ginebra Christian Courtis instó, frente al presidente Leonel Fernández, a las autoridades acatar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de octubre del 2005 que condenó al país a indemnizar por US$22,000 a dos niñas de ascendencia haitiana a quienes se les negó entregarle actas de nacimiento, por lo que no pudieron inscribirse en la escuela.

Dijo que es un reto para la República Dominicana cumplir con los derechos sociales, sobre todo en lo relativo a una educación sin discriminación, hecho que llevó a que la nación sea sometida ante el tribunal internacional, por lo que ahora queda pendiente acatar la sentencia de la corte, que además ordenó la reforma del sistema de registro civil para hacer menos burocrático las declaraciones tardías.

Señaló ayer que siendo la República Dominicana signataria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagra la no discriminación, debe garantizar que en su Constitución estén consignados los principios fundamentales que estipula ese documento magno.

El reconocido jurista internacional habló sobre el tema durante su participación en un conversatorio sobre la reforma constitucional organizado por el Senado de la República y en el que participan otros expertos extranjeros y dominicanos.

En la actividad, que culmina hoy, estuvieron presentes además del presidente Fernández, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio; el presidente del Senado, Reynaldo Pared Pérez, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, así como varios legisladores de ambos organismos.

Courtis apuntó que cualquier constitución debe consignar el principio de no discriminación como forma de corregir las desigualdades sociales que mantienen en desventaja a ciertos grupos para acceder a servicios de salud, educación, empleo, tenencia de la vivienda, entre otros. En el caso de los derechos sanitarios, dijo, se debe definir el nivel de acceso y cobertura en caso de enfermedades catastróficas.

Dijo que una verdadera democracia implica el aseguramiento, a través de preceptos constitucionales, de medidas para grupos que han sido vulnerados tradicionalmente y que no cuentan con los medios para tener un «mínimo vital» a través de la cobertura de las necesidades básicas.

En ese punto, expresó que la Carta Magna debe definir los sujetos objetos de asistencia de parte del Estado como las mujeres, los niños, y discapacitados.

Ahora bien, explicó, incorporar esos derechos a la Constitución no implica un acceso gratuito y automático o que sean ordenados por un juez, sino que esto requiere un nivel de concreción legislativo y reglamentario.

Asimismo, rechazó que se contemple de forma constitucional la asistencia paternalista del Estado para resolver los problemas de falta de acceso a los servicios básicos de los grupos en desventaja.

Criticó que en muchos países de América Latina el gasto social «se deposita en la bolsa discrecional» de los gobiernos, usándose de manera politiquera, clientelista y a veces corrupta, por lo que hay que disciplinar las acciones de la administración para que se cumpla lo que las leyes establecen.